España vuelve a sumirse en una situación epidemiológica de gran riesgo que pone en serio peligro el motor turístico de cara al verano. Actualmente, la incidencia acumulada (IA) sigue disparada, habiendo registrado este viernes más de 315 casos por cada 100.000 habitantes -más de 38 puntos de diferencia respecto al día anterior. Un dato demoledor que afecta especialmente a la población joven, grupo que más está sufriendo ahora mismo los estragos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Según los datos arrojados por el Ministerio de Sanidad en su informe diario, la IA roza ya los 1.050 casos -un aumento de 136 puntos en un solo día- en el tramo etario de entre 20 a 29 años y se coloca cerca de los 900 casos -891, en concreto- entre los jóvenes de 12 a 19 años. Esta tasa de contagios ya se nota en la presión hospitalaria, que ha aumentado más de 6,5 puntos en lo relativo a las hospitalizaciones, y ya son ocho las comunidades autónomas las que se encuentran en riesgo extremo.
Es decir, con una incidencia superior a los 250 caso por cada 100.000 habitantes: Aragón, Baleares, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Precisamente, esta explosión de casos ha llevado a algunas autonomías a replantear los procesos de desescalada previstos para la vuelta a la normalidad de la población. Todo con el objetivo de reducir en la medida de lo posible la tasa de contagios registradas especialmente entre los jóvenes.
Para ello, se han planteado o incluso efectuado 'frenazos' de dichas desescaladas. Además, se han endurecido ciertas medidas y restricciones, especialmente en lo relativo al ocio nocturno, para reducir el impacto de lo que ya se ha venido a llamar como la 'quinta ola' de COVID-19 en nuestro país y que ya está recogiendo consecuencias negativas para el turismo, motor económico que en 2020 quedó destrozado por la pandemia y que mantiene aún las esperanzas de recuperarse a lo largo de este verano.
La recuperación económica se antoja así como uno de los elementos de mayor importancia para las administraciones, pero al mismo tiempo pone sobre la mesa el dilema sobre cómo proceder ante esta coyuntura. Porque el relajamiento de las medidas ha permitido en parte la reactivación económica de distintos sectores -hasta ahora inactivos de una u otra forma por la pandemia-, pero con ello se han disparado nuevamente los contagios y todos los índices COVID-19 vuelven a mostrar números rojos.
Desde el Gobierno no se plantean por el momento cambiar el proceso de desescalada; las CCAA sí aplican nuevas restricciones
La otra opción que se plantea en los territorios españoles permite mejorar los datos de coronavirus en base al endurecimiento de las restricciones. Algo que, en contraposición, conlleva más dificultades para la puesta en marcha del sector turístico y la recuperación económica. Por el momento, desde el Gobierno central no se ha valorado la posibilidad de dar marcha atrás en la desescalada ni tampoco aplicar nuevas medidas para atajar el crecimiento brusco de casos, e instan a las comunidades a actuar.
Las cifras anteriormente mencionadas han llevado a los gobiernos autonómicos a pedir conciencia y responsabilidad a la población para seguir cumpliendo sin matices las medidas de seguridad aún vigentes para frenar al coronavirus, como mantener la distancia de seguridad entre personas y no participar en aglomeraciones en espacios cerrados, entre otras medidas. Algunos de ellos, sin embargo, han ido más allá y ven necesaria la intervención de la Justicia -otra vez- para ejecutar medidas más duras.
A destacar, Canarias y la Comunidad Valenciana han reclamado un aval judicial que les permita decretar nuevamente el toque de queda entre las 00:30 o las 01:00 y las 06:00 horas. También Valencia, Cataluña, Murcia han optado por seguir los pasos de Cantabria y han decidido cerrar las discotecas y locales similares, mientras que otras comunidades como Castilla y León o Navarra han adelantado el horario de cierre. Andalucía, Madrid, Euskadi, Extremadura y Baleares han preferido mantener de momento las normas vigentes hasta ahora por considerar que son suficientes.