La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, imputada en el caso Púnica por la supuesta financiación irregular del PP regional, ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que solicita que cierre la investigación el próximo 27 de agosto, tal y como estaba previsto, a pesar de la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que amplía los plazos de instrucción.

Según explica el escrito, el propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 estableció el 30 de noviembre de 2018, tras más de cuatro años de instrucción, un periodo extra de investigación de 40 meses, lo cual fijaba el 30 de marzo de 2022 como fecha límite.

Sin embargo, ese auto fue parcialmente modificado por la instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que estableció en 18 meses el periodo de instrucción que le restaría a Púnica, a contar desde diciembre de 2018.

Los magistrados consideraron que el plazo acordado por el juez era "desproporcionado y excesivo" y no concretaba la "necesidad de tan prolongado espacio temporal para la conclusión de la instrucción".

De este modo, y añadiendo los meses en que la instrucción ha estado parada a causa del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, García Castellón estableció una nueva fecha límite: el próximo 27 de agosto.

Pero en los últimos días de julio, el Congreso y el Senado dieron luz verde --con la oposición de PP y Vox-- a una reforma del artículo 324 de la LECrim que contempla la ampliación del plazo inicial de instrucción de las causas penales hasta los 12 meses, de ahí que las acusaciones populares en el caso Púnica, PSOE y Adade, hayan solicitado al magistrado un año más de investigación, hasta finales de julio de 2021.

Para la defensa de Esperanza Aguirre, esta petición resulta "desproporcionada y excesiva", y no comparte que el plazo de instrucción, que ya se acerca a los seis años, no haya "resultado suficiente para la correcta" investigación.

La expresidenta dice comprender el "interés político del PSOE" en que esta macrocausa "se prolongue tanto como pueda", pero subraya que "han de prevalecer las razones jurídicas y el respeto a las garantías, conforme al principio de proporcionalidad".

En su opinión, todo el material probatorio que obra en la causa es "tremendamente abundante" para servir de "perfecto sustento" para que el juez haga una "valoración respecto del sobreseimiento o continuación de la litis por los cauces del procedimiento abreviado de los investigados".

Además, advierte al magistrado de que "acordar un nuevo plazo de prórroga contravendría lo dispuesto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal y permitiría que una ya de por sí dilatada instrucción tuviese una duración de seis años, once meses y doce días, sometiendo injustificadamente a los investigados a dicha situación durante un año más".