La abogacía del Estado ha presentado una demanda contra los herederos de Franco reclamando la propiedad del Estado sobre 564 bienes muebles. Esta demanda llega tras la petición de la familia del dictador para llevarse esos bienes del pazo de Meirás que no fueron reclamados por el Estado.

Según ha podido conocer laSexta en exclusiva, entre los bienes se encuentran documentos y bienes de Patrimonio Nacional, Documental y de dominio público vinculados, por ejemplo, a la escritora Emilia Pardo Bazán.

Además, la demanda incluye la petición de medidas cautelares para que se acuerde la permanencia de esos bienes dentro del pazo y en depósito de la Administración hasta que el juzgado resuelva a quién corresponde la propiedad.

Hace más de un año, el Gobierno anunció su intención de reclamar los bienes de Patrimonio Nacional del pazo de Meirás a través de esta demanda.

Hace ya casi dos años que el Gobierno ganó en los tribunales la batalla por la propiedad del Pazo, que fue vivienda de la escritora Emilia Pardo Bazán y que estuvo en manos de la familia Franco durante más de ocho décadas. Tras la derrota judicial, los herederos reclamaron sus derechos sobre los bienes que contenía el palacio, muchos de ellos relacionados con la escritora y considerados bienes de Patrimonio Nacional y Documental que debieran ser de dominio público.

La demanda de la Abogacía solicita ahora la adopción de medidas cautelares para que se garantice la permanencia de los bienes dentro del pazo y en depósito de la Administración hasta que el juzgado resuelva a quién corresponde la propiedad. Después de perder la propiedad del pazo de Meirás, los herederos de Franco consideraron que lo que había en su interior era de su propiedad y pusieron trabas para la elaboración de un inventario, por lo que los bienes que ahora se reclaman no fueron incluidos en la demanda sobre la titularidad del edificio.

Un Juzgado de 1ª Instancia de A Coruña dio la razón al Estado e impidió a la familia del dictador que se llevara buena parte de los bienes en disputa. En total, eran 133 piezas que incluían muebles, elementos decorativos y más de medio millar de documentos a los que no se había tenido antes acceso. La denuncia se ha presentado en un juzgado de Madrid, lugar de residencia de los herederos, con el objeto de evitar que puedan sacarlos de Meirás.