El Gobierno de España ya ha aprobado, a través del Consejo de Ministros celebrado este martes, la concesión de los indultos a los presos del procés, condenados a distintas penas de cárcel que van desde los nueve a los 13 años por el intento de proclamar la República de Cataluña de forma unilateral. Es el caso de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Josep Rull. Con la medida de gracia, todos han quedado en libertad, si bien las penas accesorias de algunos de los condenados se mantienen vigente,.

Es decir, cada una de las solicitudes de indulto se han estudiado de forma individual, y no como un bloque. Tal es el caso de la inhabilitación para la política, aún activa en todos, y a la condición de no volver a cometer un delito grave durante un tiempo de entre tres y seis años, que varía dependiendo del preso, según lo establecido por el Ministerio de Justicia para los condenados. Fuentes de Justicia han explicado precisamente que cada penado tiene su expediente con la siguiente estructura: un bloque con los antecedentes, otro con el marco jurídico del indulto y un último con las razones para conceder o no el indulto.

Finalmente, el organismo también cuenta con la propuesta de cada uno de los condenados. Asimismo, en el briefing que se ha celebrado tras la aprobación de los indultos en el Consejo de Ministros, se han explicado aspectos clave que recoge dicha decisión. A destacar, que las propias medidas de gracia son parciales, que las inhabilitaciones no se tocan o que la condicionalidad para los indultos se rige por múltiples parámetros. Aquí puedes comprobar las sentencias que emitió el Supremo para cada uno de los líderes del procés y cómo ha sido su indulto.

Oriol Junqueras

El que fuera exvicepresident del Govern y exconseller de Economía y Hacienda fue condenado a 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación absoluta por delitos de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Para el Supremo, Junqueras ejerció un "destacado papel en el proceso que condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y del TSJC". Con el indulto parcial, Junqueras queda en libertad a condición de no volver a delinquir en seis años, y se mantiene su inhabilitación política.

Jordi Turull

Turull, que fue exconseller de Presidencia y portavoz del Govern, fue condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por lo mismo que Junqueras: delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. El Alto Tribunal justificó la sentencia al considerar que "intervino activamente en la concertada actuación sediciosa" y en "la creación y puesta en marcha del Pacte Nacional pel Referendum y en la aprobación de la Resolución 306/XI, en la que se instaba al Govern a la convocatoria de un referéndum". Con el indulto parcial, también se pone fin a la privación de su libertad con la condición de no recaer en el comportamiento delictivo durante seis años, pero igualmente no podrá ejercer en la política hasta completar la pena.

Raül Romeva

El exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia recibió 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación. El Supremo entendió en octubre de 2019 que, a nivel internacional, Romeva "intentó convencer de la viabilidad de la construcción de una República catalana, relativizó las dificultades logísticas para la celebración de la consulta popular y llegó a acusar a las instituciones europeas de que perderían credibilidad si no apoyaban el referéndum". Con el indulto abandona la prisión bajo el requisito de no volver a cometer delito grave durante cuatro años, pero se mantiene su inhabilitación para la política.

Jordi Cuixart

La sentencia y las condiciones del indulto del dirigente de Òmnium Cultural son similares, aunque no iguales, a los condenados anteriormente mencionados. Se le impuso una pena de nueve años de prisión y otros nueve de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. El Supremo interpretó que animó al movimiento independentista "a la resistencia activa y a la oposición por vías de hecho al cumplimiento de órdenes judiciales". Además, sus declaraciones en el juicio, "sintonizan en su totalidad" con la descripción del delito de sedición, según el órgano judicial. Con el indulto queda disuelta parte de su pena -siempre y cuando no reincida penalmente durante cinco años-, pero se mantiene su inhabilitación para la política.

Dolors Bassa

La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. fue condenada a cumplir 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos; misma sentencia que Turull y Romeva. El argumento que esgrimió el Supremo en este caso se basa en la percepción de que intentó procurar la celebración del referéndum cediendo el "uso de centros cívicos para votar" y para "evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia sobre el cierre de los centros de votación el día 1 de octubre". También en el caso de Bassa se mantiene su inhabilitación para ejercer la política, si bien es excarcelada bajo condición de no volver a delinquir durante tres años.

Carme Forcadell

A la expresidenta del Parlament se le impuso una pena de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta por delito de sedición. El Tribunal Supremo le atribuyó un papel "decisivo" en el proceso independentista desde su "privilegiada posición" al permitir la creación de una "legalidad paralela carente de validez" con las leyes de desconexión -ley de Transitoriedad y ley de Referéndum-; proceso que sirvió "de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión al Gobierno del Estado". Con este indulto, Forcadell también queda en libertad siempre y cuando no reitere un comportamiento delictivo durante cuatro años, y se mantiene su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Joaquim Forn

El Supremo condenó al exconseller de Interior a diez años y seis meses de prisión, y misma pena de inhabilitación absoluta, por un delito de sedición. El Alto Tribunal vio claro que Forn "ordenó su comportamiento, tanto como miembro del Govern como cabeza de la Consejería de la que dependían los Mossos d'Esquadra, a reconducir la interpretación de los mandatos judiciales [...] a un sentido y alcance que permitiera disimular su aparente cumplimiento con el decidido propósito de hacer inefectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales y del fiscal superior". Como en el caso del resto de condenados, el indulto es parcial, y es puesto en libertad bajo el requisito fundamental de no cometer delitos durante seis años. Asimismo, se mantiene su inhabilitación para la política.

Josep Rull

Como exconseller de Territorio y Sostenibilidad, Rull fue sentenciado a diez años y seis meses de prisión, y también a diez años y seis meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. Se considera que puso "las bases que propiciaron las condiciones de la movilización ciudadana", así como "impidió así el normal funcionamiento del Estado que actúa en defensa de la legalidad, participó en la convocatoria de un referéndum ilegal y participó también en su realización". También a Rull se le mantiene la pena accesoria que le lleva a mantener la inhabilitación para la política, pero con el indulto es excarcelado a condición de no reincidir penalmente durante seis años.

Jordi Sánchez

Al expresident de la Asamblea Nacional Catalna (ANC) le cayeron nueve años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. El Supremo dedujo en su sentencia que ejerció un papel "absolutamente necesario para la ejecución de los planes sediciosos" y "no se limitó al liderazgo" de las movilizaciones: "Lo que motivó la actuación del señor Sànchez era demostrar a toda la sociedad, en pleno y acreditado concierto con los responsables gubernamentales, que los jueces y magistrados que ejercían su función constitucional en Cataluña habían perdido la capacidad para ejecutar sus resoluciones". Finalmente, igual que en los otro ocho casos, Sánchez saldrá de prisión a condición de no recaer en una actitud delictiva durante cinco años, y no se le conmuta la pena que mantiene su inhabilitación para el ejercicio de la política o los cargos públicos.