Una gestión nefasta

La jueza de Catarroja ve "inexplicable la ausencia de respuesta" de la Generalitat el día de la DANA ante "la ingente información"

Las causas Estas palabras de la magistrada que investiga la gestión de aquella trágica tarde llegan en un auto en el que rechaza la petición del exsecretario de Emergencias de suspender las declaraciones de las víctimas.

La exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, en una imagen de archivo.La exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, en una imagen de archivo.Agencia EFE
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La información era "ingente" y la respuesta de los responsables "inexplicable". Son los términos de los que se sirve la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en un nuevo auto al que ha accedido laSexta este viernes y en el que también rechaza la petición de suspender las declaraciones de las víctimas de la DANA realizada por la defensa del exsecretario de Emergencias de la Generalitat valenciana, Emilio Argüeso, argumentando "indefensión" por, según aseguran, no tener acceso a la causa completa.

"Respecto de los indicios, el auto de 10 de marzo de 2025, ya señalaba la ingente información de que se disponía por la Administración Autonómica, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el 112, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los medios de comunicación", subraya en el escrito, en el que a renglón seguido la jueza considera "inexplicable la ausencia de respuesta" por parte de la Generalitat, así como "la ausencia de avisos a la población, en cualquier lugar donde pudieran encontrarse".

Víctimas que se encontraban "en la calle, en el trabajo, de camino a casa en sus coches, en los domicilios o en residencias de la tercera edad". Aspecto de importancia después de que la misma magistrada haya puesto el foco en la residencia de mayores de Paiporta, a la que ha requerido un informe de cómo y cuándo murieron varios de sus residentes aquella trágica tarde del 29 de octubre. También lo es porque, precisamente, Argüeso está imputado en la causa por un delito contra los derechos de los trabajadores, al igual que la ya exconsellera de Interior, Salomé Pradas.

Si bien en el auto de este viernes, la magistrada también se sirve de los audios recibidos "de las llamadas al 112 relativos al fallecimiento del marido y dos de los tres hijos" de Dolores Ruiz en los que se confirma que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunitat Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva".

La petición de Argüeso, imputado junto a Pradas

La defensa del que fuera número dos de Pradas había pedido la suspensión de las declaraciones previstas de las víctimas "con el fin de garantizar el derecho de defensa" de su representado pues, según argumentaba, no había tenido acceso a todas las denuncias de las víctimas. Petición que la jueza ya ha rechazado en este auto, ante el que no cabe recurso, en el que también ha hecho constar que el resto de escritos respecto a fallecidos y desaparecidos se encuentran a disposición de las defensas en la Secretaría del mismo Juzgado número 3 de Catarroja.

De esta manera, tanto Pradas como Argüeso están citados a declarar como investigados el próximo 11 de abril, tras atender la magistrada una de las querellas interpuesta por delitos contra los derechos de los trabajadores. Una decisión que Tobarra tomó al observar que aunque "no poseían específicas responsabilidades en mantenimiento de la seguridad de los trabajadores" es "indudable que sus acciones y omisiones afectaron a alguno de los fallecidos que volvían de su trabajo", pues ambos como "responsables de emergencias (...) debían evitar los riesgos en general a la población".

En ese mismo auto de imputación, la jueza de Catarroja rechazaba citar a declarar al todavía president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su condición de aforado, aunque sí que le ofreció la posibilidad de hacerlo de forma voluntaria. Él, sin embargo, rechazó la oportunidad. Quienes sí declaran ante la magistrada serán la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 14 de abril en condición de testigos, además de los dos técnicos que mandaron la alerta el día de la DANA que lo harán el 29 de abril.