Las familias de seis militares fallecidos en el accidente del Yak-42 han presentado un recurso ante el Ministerio de Defensa reclamando ser indemnizadas una vez que el Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal ha reconocido la responsabilidad de la Administración en el siniestro.
Se trata de las viudas y huérfanos de los comandantes Felipe Antonio Perla, José Manuel Ripollés, José Antonio Fernández y Antonio Novo; el brigada Francisco Moro y el sargento primero José Luis Moreno.
En su recurso de reposición, repasan las cantidades recibidas tras el accidente por cada familia, que cifran en 389.100 euros, y defienden que esta cantidad no es suficiente para compensar el daño sufrido después de 14 años de un "largo proceso judicial, mediático y administrativo".
"Si en 2003, el Ministerio de Defensa, hubiese admitido su responsabilidad nos hubiéramos ahorrado tanto el desgaste emocional, como también un gran desembolso económico. Nuestro propósito es que una vez que se ha reconocido la culpa del Estado se nos resarza simbólicamente" han declarado los familiares.
Para sostener su argumento comparan su situación con la de víctimas de otros siniestros, como los 11 fallecidos en el incendio de Guadalajara, a los que la propia Cospedal, como presidenta de Castilla-La Mancha, indemnizó más tarde con una ley aprobada al respecto.
Y también destacan el caso de otros países, como el atentado perpetrado contra la sede de los carabinieri en Nassiriyah en 2003 provocando la muerte a 19 italianos o los 14 soldados británicos fallecidos en 2006 al estrellarse su avión en misión de reconocimiento en la provincia afgana de Kandahar.
En concreto, los familiares de estos seis militares reclaman a Defensa una indemnización de 50.000 euros para cada viuda y 25.000 euros para cada huérfano. "El daño no tiene precio para su familia, pero no deberlo tenerlo tampoco para su país", reivindican.
El pasado 4 de mayo la ministra firmó la resolución del expediente que el Ministerio abrió tras el informe del Consejo de Estado que responsabilizaba por primera vez al Departamento del accidente registrado en Turquía el 26 de mayo de 2003 en el que fallecieron los militares que regresaban de una misión en Afganistán en un avión Yakolev. "Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad", concluía el informe en sus fundamentos de derecho.
