"Cataluña vuelve y el PP se va"

Félix Bolaños acusa al PP de "gamberrismo institucional" tras un nuevo plantón en la reunión que abordaba la ley de eficiencia judicial

La otra cara
Por su parte, los 'populares' han argumentado que no asistirían al encuentro, a pesar encontrarse ya en Barcelona, por la ausencia de orden del día. A sus ojos, el objetivo era el de una "mera foto".

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, este viernes ante los medios de comunicación.
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Nuevo plantón del Partido Popular (PP) al Gobierno. En esta ocasión, han sido los consejeros autonómicos quienes han plantado al ministro de Justicia Félix Bolaños, a solo unos minutos de empezar la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia. Todos los convocados estaban ya en Barcelona pero, en el último momento, se han negado a debatir la implementación de la ley de eficiencia judicial. A ojos del ministro el comportamiento responde a "gamberrismo institucional".

Los consejeros de las siete comunidades gobernadas por los 'populares' -Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón- decidían a primera de la mañana de este viernes que no entrarían al encuentro que iba a tener lugar en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona. Todos ellos argumentaban la ausencia de un orden del día con puntos esenciales como la financiación necesaria para implementar la nueva normativa. De hecho, consideran que el encuentro no perseguía más que una "mera foto".

Unos motivos que no han convencido al socialista, quien ha calificado estos argumentos de "excusas muy baratas". En ese sentido, ha desmentido esa falta de comunicación, pues se les había comunicado por escrito que "no había ningún problema en hablar de cualquier asunto" relacionado con la norme que este jueves entró en vigor.

Por todo ello, el ministro Bolaños no ha dudado en acusar a la formación de Alberto Núñez Feijóo de practicar "gamberrismo institucional", al tiempo que ha considerado que este comportamiento supone "descortesía". En definitiva, para Bolaños el PP ha perdido "toda institucionalidad" como partido político al que, además, acusa de buscar la "confrontación" con "comportamientos ultras": "Cada vez se parece más como dos gotas de agua a Vox", ha lamentado Bolaños.

Si bien las comparaciones son odiosas, el ministro se ha servido de otra para criticar al PP al destacar el contraste entre la actitud de los 'populares' frente a la colaboración mostrada por la Generalitat de Catalunya. Algo que para él, demuestra que "Cataluña vuelve", mientras que "el PP se va y boicotea la institucionalidad".

De hecho, el socialista no ha dudado en agradecer de forma expresa al conseller catalán de Justicia, Ramón Espadaler, y al presidente del Govern, Salvador Illa, "el enorme trabajo" realizado para organizar este encuentro, que "lamentablemente no va a ser aprovechada por los Gobiernos autonómicos del PP".

Precisamente, Espalder ha reiterado su compromiso en el despliegue de la nueva ley, al tiempo que el resto de regiones que sí iban a participar en la reunión -la anfitriona Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Canarias- han lamentado el plante de sus homólogos 'populares'. En ese sentido, les acusan de haber "supeditado los intereses partidistas a los generales" mediante lo que consideran, en línea con el ministro, de "absoluta falta de respeto institucional".

"Aun así se han ido"

Además, el ministro Bolaños tampoco ha dudado en recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha transferido 325 millones de euros a las regiones con competencias en Justicia, para a renglón seguido continuar cargando contra los 'populares' subrayando que alunas de ellas gobernadas por el PP "han recibido en torno a 50 millones de euros de financiación": "Aun así se han ido".

Entre otros datos económicos referencias a la aplicación de la nueva norma en 2025, el socialista ha subrayado que el coste total asciende a unos 15 millones de euros. Una inversión que además de acercar a España al modelo europeo dando un "paso de gigante" hacia una justicia del siglo XIX, también supone "ahorrar costes" que cifra en 290 millones de euros en los próximos diez años tanto para la Administración central como para las comunidades autónomas. Por eso tiende "la mano a todas las comunidades autónomas y a todos los operadores jurídicos" para seguir trabajando.