Grande-Marlaska ha subrayado que la cooperación con los Mossos siempre ha sido y sigue siendo "espléndida y ejemplar", se ha mostrado partidario de convocar "con rapidez" la Junta de Seguridad de Cataluña y ha negado que los presos del "procés" hayan recibido ningún trato privilegiado tras su traslado a cárceles catalanas.
Además, ha recalcado que no ha habido acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco, pero ha insistido en que la "razón principal" de la dispersión era la lucha antiterrorista, y ahora la banda está disuelta, no por decisión propia, sino porque la sociedad española ha terminado con ella.
A doce días de que se cumpla el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), el ministro ha mostrado su respeto absoluto hacia la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y ha recalcado que los investigadores dependen del él, no del Ministerio. Pero tiene claro que no hubo fallos de coordinación ni de comunicación entre cuerpos policiales. "El hecho de que haya habido un atentado no implica que haya habido una descoordinación, ni una falta de diligencia ni de profesionalidad. No existe el riesgo cero, desgraciadamente", ha sostenido.
No obstante, ha admitido que se revisan las metodologías de trabajo porque siempre pueden ser "mejorables" y, siempre que ocurre un hecho de esas características, se analiza en qué se puede mejorar. Entre sus planes está "reactivar" el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) en materia de coordinación.
Igual que ha defendido la "espléndida y ejemplar" cooperación de los Mossos en materia antiterrorista y contra el crimen organizado, ha negado que su actitud ante el referéndum secesionista del 1 de octubre le haya hecho perder la confianza en ellos. "No sé si alguien la habrá perdido o no la habrá perdido, a mí no me ha llegado esa circunstancia. Y el actual ministro del Interior, por lo menos, no ha perdido esa confianza", declara.
Grande-Marlaska ha asegurado no haber hablado aún con el conseller catalán de Interior, Miquel Buch, ni haber recibido ninguna comunicación oficial de la Generalitat para convocar la Junta de Seguridad, algo de lo que se ha enterado por "un teletipo", pero está dispuesto a convocarla "con rapidez". En cuanto a los ataques contra la libertad ideológica en esa comunidad, no cree que se haya producido un incremento a raíz del proceso soberanista, pero subraya su preocupación por todo ataque al que es diferente: por motivos ideológicos, por la orientación sexual, por el género o por la raza.
En la entrevista, el ministro ha eludido pronunciarse sobre la calificación jurídica de lo ocurrido en el proceso independentista catalán y ha pedido dejar a la Fiscalía que haga su trabajo. Eso sí, ha recalcado que los presos preventivos del "procés", trasladados recientemente a cárceles catalanas tras el final de la instrucción judicial, no tienen "ningún tipo de privilegio" en esas prisiones ni reciben un trato "diferenciado" al recibido en las cárceles en las que han estado en la Comunidad de Madrid.
Respecto al futuro de los presos de ETA, Grande-Marlaska ha insistido en que el acercamiento a cárceles del País Vasco "no es un beneficio penitenciario", por lo que no cabe imponer exigencias "sine qua non" de petición de perdón. "La dispersión ha sido una política penitenciaria para luchar contra el terrorismo de ETA, esa era la razón fundamental de la dispersión", recalca el ministro, antes de recordar que ETA en estos momentos está "vencida y disuelta".
Ha pedido además "memoria histórica" y ha criticado que haya gente que olvide que, cuando la banda terrorista estaba muy activa, en 1996 o 1998, mientras ETA mantenía el secuestro "más largo y tortuoso" del país, el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, hubo acercamiento de presos a cárceles próximas al País Vasco. "ETA ya nos ha hecho demasiado daño a la sociedad como para que todavía sigamos dándole ese placer de que, una vez disuelta, todavía nos trate de dividir", señala enfadado.
Asimismo, ha insistido en que serán las Juntas de Tratamiento quienes analizarán de forma individualizada cada caso con indicadores objetivos y razonables como edad, salud, tiempo en prisión o si han pedido perdón, aunque no son "requisitos imprescindibles", porque, ha insistido, el acercamiento no es un beneficio penitenciario. Por el momento, ha garantizado, no ha habido ningún traslado y las asociaciones de víctimas serán las primeras en ser informadas.
Sobre la retirada el recurso de inconstitucionalidad contra ley vasca de víctimas policiales que presentó el anterior Ejecutivo del PP, decisión que ha sido criticada por los sindicatos policiales, las asociaciones de guardias civiles y el colectivo de víctimas Covite, ha explicado que se ha hecho tras acordarse una modificación de la norma. "Los departamentos jurídicos del Estado entienden que ya los motivos de inconstitucionalidad alegados en el recurso formalizado han decaído por una modificación de la ley", ha asegurado.