La cúpula fiscal afronta dividida este martes una cita crucial para fijar una postura sobre si el expresident catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el procés deben ser amnistiados de todos sus delitos y las ordenes de detención nacionales retiradas. La reunión ha comenzado pasadas las 9.30 horas de la mañana y su duración dependerá de los turnos de palabra solicitados y de la duración de los mismos. No hay límite de tiempo para las intervenciones.

Sobre la mesa hay dos posturas enfrentadas y se analizarán dos documentos, el del fiscal general Álvaro García Ortiz y el de los cuatro fiscales del juicio del procés (Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena). Los cuatro fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés abogan por dejar fuera la malversación, dado que -sostienen- la ley excluye los actos que "implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial" y además afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y este es uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden que tampoco se pueden alzar las órdenes de detención nacional. Una tesis de la que discrepa frontalmente el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados y que rechaza asimismo que hubiese "ánimo de enriquecimiento" personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O, por lo que es partidario también de levantar las ordenes de detención.

La Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general, está compuesta por 37 fiscales más el jefe del Ministerio Público. Sobre el papel hay 17 que pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, de la que es afiliado García Ortiz, otros 9 son miembros de la conservadora Asociación de Fiscales mientras que 11 fiscales son no afiliados, si bien este panorama no presupone certeza alguna por el mar de fondo que afecta a la Fiscalía. En particular, por la investigación por revelación de secretos a raíz de una querella de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Diaz Ayuso que amenaza con acabar con García Ortiz investigado por el Supremo, tras haber asumido la responsabilidad en esta cuestión. Finalmente están participando en la reunión 33 fiscales de forma presencial y tres más de forma telemática. Dos fiscales se han excusado por motivos médicos.

La reunión ha empezado con la intervención de algunos de los fiscales del procés para explicar el porqué de su rechazo a la orden dada por su superior jerárquico. Después, se abrirá un debate jurídico y el fiscal general irá dando turno de palabra a quienes quieran intervenir por orden inverso de nombramiento, es decir, de la última fiscal de sala nombrada a la más antigua. Una vez concluido el turno de intervenciones, hablará el fiscal general, que tiene la última palabra.

La orden del Fiscal General del Estado considera que estos fiscales, en su informe para responder a las providencias de 11 de junio de 2024, tanto de la Sala Segunda del Supremo como del magistrado Pablo Llarena responden a cuestiones que no les competen y hacen afirmaciones de naturaleza extrajurídica. Al respecto del encaje de los hechos de la causa del procés en la ley de amnistía, que es la pregunta que se les formula, el FGE entiende que los cuatro fiscales equiparan el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial", que la ley considera no amnistiable. El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial". Asimismo, el FGE considera que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.

Tras escuchar todas las intervenciones, los miembros de la Junta Fiscal votarán. La Junta está muy dividida entre progresistas y conservadores, por lo que se espera una votación ajustada. En su intervención final, el fiscal general adelantará el sentido del informe que la Fiscalía presentará para responder a las providencias tanto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo como al juez Pablo Llarena y anunciará qué fiscal será el encargado de firmarlo y continuar con la causa, tal como recoge el Estatuto del Ministerio Fiscal, y una vez que los fiscales Cadena, Zaragoza, Madrigal y Moreno han anunciado su intención de apartarse de la misma.

Después, el Supremo deberá decidir cómo afecta la ley de amnistía a los respectivos procedimientos. La malversación afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.

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