En un escrito
El fiscal general denuncia que el Supremo ha difundido todas sus llamadas de diez meses
Lo que dice su escrito Álvaro García Ortiz informa al Consejo General del Poder Judicial de la incorporación "de forma injustificada" de su actividad en tiempo real de las llamadas de su terminal, aproximadamente 240.000 registros de su actividad diaria y profesional.
![El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo.](https://fotografias.lasexta.com/clipping/cmsimages02/2025/01/29/52DC49E8-FCC0-4260-ADFF-2AA1D3825BA3/fiscal-general-estado-alvaro-garcia-ortiz-imagen-archivo_160.jpg?crop=1920,1080,x0,y49&width=544&height=306&optimize=low&format=webply)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito en el que amplía su queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la filtración de sus datos en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluía su tráfico de llamadas recibidas y enviadas en un periodo de diez meses, concretamente desde diciembre de 2023 a octubre de 2024, un tramo mucho mayor que el objeto de la investigación.
La queja ha sido remitida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, a la que ya remitió una primera queja por la filtración de sus datos personales, entre los que se incluía su teléfono o su DNI. Esos datos fueron mandados desde la UCO al juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que a su vez remitió los datos a las partes personadas en la investigación abierta.
El fiscal cuestiona que la información que la UCO ha hecho llegar al magistrado desglosa el registro completo de sus llamadas durante diez meses, aunque el juez restringiese el análisis a entre el 8 y el 14 de marzo, tramo en el que se centra la investigación de la causa. No obstante, el informe incluye 240.000 registros de su actividad diaria y profesional.
García Ortiz ya expresó que le parecía "manifiestamente injustificado" que se hubiesen recopilado estos datos en su primera queja. Ahora, insiste en que se ha "excedido el mandato judicial" con el envío de ese documento.
Los hechos se remontan hasta tres meses antes de la supuesta filtración de la denuncia de la Fiscalía contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que su abogado propuso un pacto para que evitase la cárcel.