El fiscal general del Estado no se plantea dimitir si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid envía la causa al Tribunal Supremo sobre una posible revelación de secretos relacionada con el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Fuentes del entorno de Álvaro García Ortiz explican sobre una hipotética dimisión que "lo cierto es que el FGE no se está planteando dimitir por el asunto de la nota de prensa para desmentir el bulo de la pareja de [Isabel Díaz] Ayuso". De esta manera, defiende el deber de la Fiscalía de dar información veraz y el derecho constitucional de la ciudadanía a recibirla.
No obstante, si es imputado por el Supremo, García Ortiz valoraría esa nueva situación, aunque las mismas fuentes señalan que es un escenario que, de momento, no contempla porque espera que no se produzca. Sí es posible que el Alto Tribunal admita la exposición razonada, que probablemente envíe el TSJM al tener la condición de aforado, y que el Supremo le dé la condición de investigado por un supuesto delito de revelación de secretos. En el caso de que fuera imputado, la situación cambiaría, aunque insisten en que por el momento esa hipótesis no la está barajando.
Desde que salió a la luz el fraude fiscal cometido por el empresario Alberto González Amador, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, un terremoto se desató en la política española. Un sismo que también llegó hasta la Fiscalía General del Estado después de verse obligada a emitir una nota de prensa desmitiendo al director del Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
Y es que el asesor compartió con algunos medios de comunicación que fue la Fiscalía quien propuso el acuerdo de conformidad al empresario con el fin de no llegar a juicio. Sin embargo, esta información, la cual se jusitifcó con un correo electrónico, era falsa ya que fue el abogado de González Amador quien propuso el pacto al Minsiterio Público. Medios como 'El Mundo' publicaron este email que en realidad era el último que habían intercambiado el letrado y la Fiscalía.
Fue entonces cuando García Ortiz ordenó a la fiscal jefe de la región madrileña, Almudena Lastra, que emitiera la nota de prensa en discordia. Una acción que tenía el objetivo de aclarar los hechos acontecidos desde el inicio del procedimiento. Un escrito que llevó a González Amador a interponer una querella ante el TSJM contra Lastra por un supuesto delito de revelación de secretos.
Tras conocerse la decisión del empresario, García Ortiz afirmó de forma directa al tribunal regional que había sido él quien había dado la orden, así como de que se inhibiera de la instrucción puesto que era competencia del Tribunal Supremo. Aún así, Lastra declaró ante el instructor y confirmó que la directriz venía del fiscal general del Estado.
Días tensos
A esperas de que el Alto Tribunal tome una decisión sobre García Ortiz, al máximo abogado del Estado se le augura una tensa semana en vista de la Junta de Fiscales prevista para este martes. En este encuentro se debatirá y votará la inclusión del delito de malversación en la ley de amnistía después de que los cuatro jueces instructores del 'procés' -Javier A. Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno- descartaran hacerlo, a pesar de la orden emitida desde la Fiscalía del Estado.
El decreto que salga de este debate será sometido a votación, que sin embargo, no será vinculante, ya que el principio jerárquico del Ministerio Público ofrece la posibilidad al fiscal general de imponer su propio criterio. Ante eso, los cuatro fiscales ya han advertido que en el caso de que la malversación se incluya en el escrito no lo firmarán. Al mismo tiempo que aseguran que abandonarán los casos.