El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha lamentado que "se use" su figura "para denostar a toda la Fiscalía" con "un interés oculto o espurio para difundir la idea" de que toda la institución depende de una persona, y ha lanzado una pregunta: "¿Quién defiende al fiscal general?". "¿Quién garantiza que no sea inquietado, perturbado o se le intente manipular en el ejercicio de sus funciones?", se pregunta en una entrevista en el diario La Razón.
García Ortiz, convertido en diana de críticas por cuestiones como los nombramientos de su antecesora, Dolores Delgado, o el papel de la institución en la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra dos fiscales. "No hay respuesta para eso. Es evidente que nadie", apostilla el fiscal general, quien admite que le "duele" que no se entienda su figura y que vuele a defender una vez más la autonomía de los fiscales: "Aquí todo se razona, todo se discute y se utiliza la ley para resolver la discrepancia".
Para García Ortiz, "hay quien tiene interés" en "denostar" las acusaciones del ministerio público "contra determinadas personas" o en que no dirijan la investigación penal y también hay quien "tiene otro interés, que es desgastar políticamente al Gobierno a través de la figura del fiscal general del Estado".
De nuevo, ha dejado claro que no se plantea dimitir: "No encuentro razones objetivas, más allá a veces del ruido, para que el fiscal general del Estado de este país tenga que dimitir o presentar su renuncia".
También ha reiterado que se hace responsable de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid que informaba sobre el pacto que ofreció el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconociendo dos delitos fiscales, y que "trataba de contrarrestar un bulo contra la Fiscalía".
Esa nota de prensa derivó en la presentación de una querella de este empresario contra dos fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos que ahora investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. García Ortiz ha subrayado su "responsabilidad" en "garantizar" el derecho de los ciudadanos a una "información veraz", y ha asegurado que "en absoluto" presionó a la Fiscalía de Madrid para que se opusiera a la admisión de esa querella.