El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha apostado este martes por un cambio legal que permita ampliar las competencias de la Audiencia Nacional para combatir el crimen organizado trasnacional, como el que supuestamente está detrás del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz).
Preguntado por si la Audiencia Nacional debería asumir la investigación del suceso de Barbate, como ha propuesto el PP, García Ortiz ha abogado por extender las competencias del tribunal para que llegue a las causas de mayor envergadura.
"Esa propuesta la hemos hecho desde la propia Fiscalía, en la memoria de 2022, para extenderla a los supuestos mas graves: el crimen organizado transnacional, un tipo de delincuencia que nos preocupa muchísimo", ha dicho este martes en una entrevista en el programa 'Más de uno' de Onda Cero.
El trabajo de la Fiscalía, ha proseguido, está "condicionado por un sistema procesal que no ayuda" a combatir las mafias "que utilizan todas las redes y todos medios que la tecnología tiene a su alcance". "Esa ley de enjuiciamiento criminal no es la mejor manera de hacerlo, así que bienvenidas todos las iniciativas, que ya hemos escrito, dicho y apuntado en la propia Fiscalía General. No solo el tráfico de drogas, también el blanqueo de capitales, la trata de personas...", ha añadido.
Se trata de una vieja petición de los fiscales que a raiz de lo sucedido en Barbate. Según nuestro sistema procesal, la Audicencia Nacional solo se hará cargo de estos casos cuando se trate de una banda o grupo organizado cuyos efectos se producen en el ámbito de distintas audiencias.
Señalan el colapso de estos pequeños juzgados como principal motivo, pero creen también que esa ley ha quedado obsoleta porque los efectos del tráfico de drogas se pueden ver en todo el pais. Además, dificulta la colaboración de efectivos para la erradicación.
En la memoría del 2023 volvían a reivindicar el cambio, señalando que solucionaría al menos parte del problema. Con la sintonía de opinión entre 'populares' y socialistas, solo quedaría transformarlo en un acuerdo para cambiar la ley.