El año judicial ha dado comienzo con normalidad institucional tras cinco años de bloqueo y una presidenta del CGPJ y el Supremo, Isabel Perelló, recién nombrada. Y ha empezado con el tradicional acto en el que el primero en hablar ha sido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS). García Ortiz ha defendido su imparcialidad y ha llamado a reflexionar acerca de las acusaciones populares, justo en el momento en el que existe la posibilidad de su imputación por jueces del Tribunal Supremo a los que se dirigía.

El jefe del Ministerio Público ha reivindicado "el papel fundamental y el valor de la Fiscalía como balance y actor, este sí público y transparente, desprovisto de intereses particulares, sometido solo a la ley y al principio de imparcialidad, en la promoción de la acción de la justicia". "Somos -y podemos ser aún más- un potente instrumento de transformación sin otra pretensión que la de la aplicación estricta de la ley", ha aseverado.

Al hilo, ha recalcado que los fiscales tienen "el derecho y el deber" de expresar su "opinión jurídica", "conforme o discrepante con las de los instructores o juzgadores". "No solo es un criterio programático, es un ejercicio imprescindible de responsabilidad profesional. Un necesario contrapeso al ejercicio del Poder Judicial", ha enfatizado.

También ha ensalzado el rol de la Fiscalía como una institución "vertebradora del Estado, de la unidad de España plasmada en la aplicación igual de las leyes", "igual para todas y para todos, en cada uno de los territorios en los que se articula la plural realidad social de este país". "Igual también para todas las personas", ha incidido. Con todo, ha querido trasladar al Rey que, "frente a determinados discursos que pretenden socavar nuestras instituciones, nuestros principios y valores democráticos o, en definitiva, nuestra propia convivencia", "el sistema resiste".

El Tribunal Supremo tiene que decidir en breve si le abre una investigación a petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos.

Critica el uso de la acusación popular con fines espurios

Antes de eso, Ortiz había llamado a la reflexión acerca del ejercicio de la acción popular al considerar que puede llegar a usarse con "fines espurios", porque permite el acceso a los tribunales "sin filtro alguno", lo que "aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas" tras las que puede haber un interés "indudablemente perturbador".

El fiscal general no ha mencionado ninguna investigación, pero su discurso coincide en el tiempo con la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuya causa hay cinco acusaciones populares y partió de una denuncia del sindicato ultra Manos Limpias.

En su intervención, ha dicho que "en principio" la acusación popular "es una figura positiva" pero "ocurre que cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él", un interés "que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo".

Ha querido además hacer hincapié en que para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos debe contar con información veraz a través de fuentes fiables y ha destacado la Memoria Anual de la Fiscalía, que ha presentado durante su discurso, como una de las mejores fuentes por "el rigor de sus datos frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa".