El juez Santiago Pedraz ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, por su presunta participación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos. Sin embargo, ha dejado en libertad bajo medidas cautelares a María Luisa Rivas, hermana de Claudio Rivas y también investigada.

Según el auto judicial, los imputados están acusados de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y fraude contra la Hacienda pública, con una cantidad defraudada que asciende a 182.513.923,15 euros. El juez considera a Claudio Rivas y Víctor de Aldama como los líderes de la organización, mientras que María Luisa Rivas actuaba como subdirectora, además de contar con la colaboración de otros implicados y testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.

Pedraz detalla que la organización diseñó y operó una estructura empresarial paralela para blanquear los capitales obtenidos de manera ilícita. Las transferencias de fondos, provenientes principalmente de las cuentas de las empresas suministradoras, se realizaban bajo contratos ficticios de prestación de servicios. Estas empresas supuestamente bajaban el precio del hidrocarburo mediante el impago del IVA, de donde procedían los fondos defraudados.

El juez también destaca que parte del blanqueo de capitales consistió en la compra de bienes de lujo como inmuebles, vinos de alta gama, joyas y otros artículos de consumo, disfrutados por Víctor de Aldama. Además, menciona que podrían existir otras sociedades con cuentas bancarias en el extranjero, aún no identificadas, que habrían sido utilizadas para proteger el patrimonio generado por la actividad fraudulenta.

Pedraz justifica la prisión provisional de Aldama y Rivas por la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de que ambos eludan la justicia, ya que aún queda mucho material por analizar en esta fase inicial de la investigación. También se han decretado medidas cautelares para intentar recuperar lo defraudado, las cuales podrían verse afectadas si los investigados quedaran en libertad.

En cuanto a María Luisa Rivas, las medidas cautelares incluyen la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, y la obligación de fijar un domicilio y teléfono para notificaciones.