La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que el caso Koldo se quede en manos del juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, Ismael Moreno, y no se ceda a la Fiscalía Europea. En concreto, considera que es el magistrado Moreno quien tiene la competencia porque no hay indicios de que se haya cometido delito de malversación, que es lo que argumentaba la Fiscalía europea para tener el control de esta cuestión.
La Fiscalía ha elevado esa posición al Tribunal, que debe decidir quién es competente para seguir las pesquisas ante la cuestión de competencia entre ambas instituciones planteada por Moreno. Precisamente, el magistrado, que había comenzado la investigación desde su juzgado de la Audiencia Nacional se opuso a esa pretensión y planteó una cuestión de competencia entre ambas instituciones, de modo que el Supremo tendrá que establecer cuál de las dos prosigue con la investigación -que afecta, entre otros investigados, a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos-, incluidas las diligencias sobre los contratos adjudicados en Canarias y Baleares en los que podrían verse comprometidos fondos europeos.
Moreno explicaba que los hechos constituyen presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, a los que se añadió posteriormente el delito contra la hacienda pública. Y considera que estos delitos no perjudican los intereses financieros de la UE y no se encuentran indisociablemente vinculados con los que son competencia de la Fiscalía Europea. Ahora la Fiscalía del alto tribunal respalda esa posición en un informe remitido a la Sala Segunda, competente para decidir sobre a quien corresponde seguir investigando.
En el escrito el Ministerio Fiscal argumenta también que la competencia corresponde a la Audiencia Nacional porque "existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los intereses financieros de la UE". No solo porque "la cuantía de fondos estatales afectados es casi tres veces superior a los fondos europeos, sino también, por la naturaleza de los bienes jurídicos afectados en tanto en cuanto se trata de una trama que ha comprometido el normal funcionamiento de la Administración española" con imputados como un asesor de un ministro, un subsecretario y varios responsables de Puertos del Estado y de ADIF, además de dos miembros de la Guardia Civil.
Tampoco cabe atribuir a la Fiscalía Europea la competencia para investigar respecto de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales que también se investigan porque están "indisociablemente vinculados" al eventual delito de malversación de fondos europeos. La Fiscalía indica además que la investigación del Juzgado Central de la Audiencia Nacional "es mucho más amplia y compleja y alcanza a delitos del todo ajenos a la competencia que pudiera considerarse directa de la Fiscalía Europea".
En este caso, subraya, "es el Juzgado Central de Instrucción el que está en mejores condiciones para investigar o ejercer la acción penal con relación a los delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales". Atribuir la investigación a la Fiscalía Europea en estos momentos "tendría efectos negativos sobre la instrucción" y supondría grandes retrasos porque exigiría tener que tomar conocimiento de todo lo actuado hasta ahora por parte de los Fiscales europeos delegados, sino también por parte de la nueva unidad policial a la que se pudiera asignar la investigación.