Desde Moncloa a Sol
Fiscales, políticos y periodistas: hasta 50 personas accedieron al correo filtrado del novio de Ayuso
¿Por qué es importante? El Tribunal Supremo investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos tras haber salido a la luz la comunicación en la que la defensa de Alberto González Amador admitía dos delitos de fraude a la Hacienda Pública.
La Guardia Civil no ha encontrado en el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ningún mensaje en relación a la filtración del correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que admitía haber defraudado a Hacienda. Los agentes de la UCO, en cambio, sí que han encontrado que el correo llegó al jefe de los fiscales, así como a unas 50 personas.
Entre este nutrido grupo, del PSOE o Moncloa están el exsecretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato; la asesora Pilar Sánchez Acera; el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés; el directo de Comunicación del PSOE, Ion Antolín; así como la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada. A los que se suma el director de gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, David del Campo.
Al dirigente madrileño le llegó este correo electrónico vía Whatsapp y de parte de Sánchez Acera, tal y como ha confirmado el informe de la UCO tras analizar su terminal. A raíz de esta documentación también se desvela que Vallés, Antolin y Sánchez Espada eran conocedores aunque se deduce de un mensaje que del Campo envía a Lobato señalando que ellos también se habían puesto en contacto con él por la misma razón.
Más allá de socialistas y miembros del Ejecutivo, los abogados de Alberto González Amador también fueron destintarios de este hilo de mails, así como otras 16 personas que estaban incluidas en una dirección genérica a la que se reenvió el mail. De esta parte, también recibió esta comunicación el jefe de Gabinete de la misma presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, el cual llegó a publicar la respuesta al primer mail.
En el Ministerio Público son unos 30 fiscales los que recbieron el correo, más allá del ya señalado -e imputado- fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. A todos ellos se suman un par de periodistas entre los que se encuentra quien firma esta noticia. En definitiva, de esta decena de personas hay una que es la autora de la filtración que investiga el Tribunal Supremo.
Algo que será difícil si se observa el histórico de causas abiertas por presuntos delitos de revelación de derechos, las cuales suelen toparse con el derecho a la información y el secreto profesional de los periodistas que les permite no revelar sus fuentes de información. Es por ello que este tipo de procedimientos suelen ser archivados de forma casi automática. Eso sí, habrá que esperar a los movimientos del Alto Tribunal tras las últimas pesquisas.