La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden al Supremo aplicar la amnistía a la malversación de Puigdemont

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido que se aplique la amnistía al expresident catalán, Carles Puigdemont, al considerar que los hechos contemplados en el delito de malversación están comprendidos en la ley de Amnistía. La Fiscalía considera que no hubo "merma alguna" de los fondos europeos ni hubo enriquecimiento personal, como sostiene el juez Pablo Llarena.

Así lo ha expresado este lunes en la vista pública que ha tenido lugar para revisar los recursos del expresident y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Llarena. Fue este juez el que rechazó perdonarles el delito de malversación y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.

Sánchez Conde, que pedido estimar los recursos, considera que el enriquecimiento de los dirigentes independentistas no era la finalidad de las actuaciones que adoptaron -"Nadie dijo que fuera encaminado" a ello, sostiene- y considera "novedosa" la interpretación realizada por el Supremo para no aplicar la amnistía, en la que "inventa" ahora un ánimo de enriquecimiento personal, según sus palabras.

"Señalar que los actos se realizaron para obtener un beneficio personal patrimonial es cuanto menos sorprendente", ha manifestado.

Ha incidido en que en la causa "nunca" se ha señalado "ni por el instructor, ni por la acusación pública, ni por la particular, ni por la popular" que se tuviera por acreditado que la actuación fuera encaminada a obtener un beneficio personal patrimonial, al tiempo que asegura que el tribunal ahora se "inventa" dicho ánimo.

La argumentación de los letrados: "Un absoluto dislate"

En su argumentación, la Fiscalía ha añadido los fondos empleados "pertenecían exclusivamente a la Generalitat y esto está acreditado". A esto mismo se ha referido el abogado Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien ha recordado que "en ocho años nunca el Tribunal Supremo ha contemplado que el procés afectaba a los fondos y a los intereses financieros de la Unión Europea", por lo que cabe ahora "hacer una nueva interpretación", en línea con lo expresario por la fiscal.

Además, Boye ha insistido en que el Supremo no es el órgano competente para aplicar la Amnistía a Puigdemont: "Corresponde al TSJ de Cataluña y no a la Sala Segunda del Supremo, (...) porque Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña", ha dicho.

Por su parte, Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puig, ha hablado de que estas acusaciones de Llarena son "argumentos absurdos" e "interpretaciones delirantes" que van contra el sentido común. El letrado del exconseller de Cultura catalán es el que ha resultado más incisivo en su dicurso contra Llarena.

Cuevillas ha advertido de que esta resolución será "objeto de análisis en Cataluña y en toda Europa" y ha asegurado que decir que el procés afectó al presupuesto español y europeo es "un absoluto dislate": "En los libros de historia se dirá que un grupo de funcionarios y magistrados recalcitrantes intentó impedir la aplicación de la ley", ha remarcado.

En línea absolutamente opuesta ha ido la intervención de Marta Castro, de Vox, que ha apelado a dos sentencias del Supremo para defender que en el procés hubo ánimo de lucro, enriquecimiento personal de sus dirigentes y ánimo de no querer reintegrar las cantidades gastadas, lo que excluye expresamente, según la ley, la aplicación de la amnistía.