La Fiscalía abre por primera vez una investigación sobre las torturas de la Policía franquista en Barcelona

La Fiscalía de Barcelona, en cooperación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha abierto por primera vez diligencias para investigar las torturas que realizaba la Policía de Cataluña durante el franquismo después de años de lucha de las víctimas para que se les hiciera justicia.

Concretamente las perpetradas por la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de la Policía de Vía Laietana, una de las comisarías más sanguinarias de la dictadura y que se convirtió en un símbolo de represión y de torturas.

Esta investigación se inicia debido a la denuncia presentada por el centro para la defensa de los Derechos Humanos, Iridía, con el apoyo de Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); en representación de Blanca Serra, una militante catalanista que fue detenida en 1977 en la comisaria de Vía Laietana y que acusa a las autoridades afines al dictador de "malos tratos físicos y psíquicos" durante su detención, que abarcó la última etapa del franquismo y el comienzo de la Transición. Esta detención, como muchas otras, se hizo en el marco de la persecución sistemática que hizo la dictadura de personas afines a ideologías políticas contrarias al régimen.

Se trata de la primera denuncia admitida y será ella la primera en sentarse ante una fiscal especializada en memoria y derechos humanos para narrar las atrocidades que se hicieron en esa comisaría; lo que sienta un precedente histórico en el reconocimiento e investigación de la tortura durante la dictadura.

Es una medida pionera en virtud de la nueva ley de Memoria Democrática, que insta a "realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", principios que son "pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

Asimismo, el Ministerio Fiscal defiende en un comunicado que han emitido este viernes que es "necesario" llevar a cabo estas investigaciones que no tienen como "finalidad última la persecución penal", sino "garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación" con independencia del resultado final del proceso.

"Desde Irídia, celebramos este primer paso en el ámbito jurídico, pero recordemos que esta investigación debe servir para acceder a los archivos policiales, tomar declaración a los testigos y a los peritos, y, especialmente, identificar a los responsables de las torturas sistemáticas cometidas en Via Laietana 43", han declarado en un comunicado, y afirman que es "un primer paso" para que "de una vez por todas" los "tribunales del Estado español dejen de obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo".

Asimismo, han pedido "compromiso firme" a todas las instituciones para impulsar "procesos de reparación". También han reclamado que espacios como Via Laietana dejen de ser comisarías activas y se conviertan en centros de memoria, como reclaman desde hace tiempo varias entidades memorialistas y colectivos de víctimas.

Blanca Serra presentó la denuncia el pasado mes de noviembre. En ella narraba las cuatro detenciones que sufrió en diferentes períodos y en las que le aplicaron métodos de tortura. Sin embargo, tan solo la perpetrada en febrero de 1977 en las dependencias de la Jefatura de Vía Laietana queda dentro del período cubierto por la Ley de Memoria Democrática y su responsabilidad institucional de garantizar el derecho a la verdad, reparación y no repetición.