La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el inmediato ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro 'popular' Eduardo Zaplana tras ser condenado a 10 años y cinco meses de prisión por la trama de las ITV en el conocido como caso Erial.
Por ello, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha convocado una vistilla el próximo 7 de noviembre a partir de las 12.30 horas para escuchar los argumentos de las partes y tomar después una decisión sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción, según el texto al que ha tenido acceso laSexta.
El Ministerio Público solicitará su ingreso en prisión al ser una condena elevada: más de 10 años de cárcel y 25 millones de indemnización. Asimismo, el fiscal encargado del procedimiento aprecia riesgo de fuga y, por este motivo, ha solicitado su ingreso en prisión pese a que la resolución judicial no es firme todavía.
En dicho texto, el fiscal destaca que "con independencia de la motivación oral que en el acto de la comparecencia, la petición se funda en que los delitos por los que resulta condenado son todos ellos graves , asociados a la corrupción en el ejercicio de las más altas funciones públicas tanto en la Comunidad Valenciana como en el Gobierno", ha detallado. También destacan que hay "un evidente interés social en que la sentencia sea cumplida, habiendo acreditado la sentencia la existencia de un patrimonio oculto en cl extranjero".
Con este argumento, Anticorrupción considera que es "evidente posibilidad económica para eludir la acción de la Justicia, así como entramados societarios complejos teniendo acceso por sus relaciones y por su nivel económico a países, fiduciarios y entidades bancarias extranjeras que no son accesibles al ciudadano medio".
El Ministerio Público ha realizado esta petición una semana después de conocerse la sentencia dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a Zaplana a prisión tras ver probado que percibió comisiones por la adjudicación entre 1997 y 2003 de estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana y las canalizó a través de una compleja estructura societaria tanto en España como en países como Panamá o Luxemburgo y con cuentas en Andorra. El tribunal le declara autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.