486. Ese es el número de personas a las que la ley de amnistía podría afectar, que se encuentran encausadas dentro de 82 causas penales que se están tramitando actualmente. Fuentes fiscales confirman a laSexta este recuento de casos, matizando que no a todos procedimientos puede serle de aplicación la amnistía al existir delitos que no se incluyen en el texto legal, como puede ser el delito de odio, que puede existir junto con otros delitos en algunas de las causas.
La Fiscalía General del Estado detalla todos y cada uno de los procedimientos que podrían verse afectados por la ley de amnistía, con uno en el Tribunal Supremo, dos en la Audiencia Nacional y otros dos en el Tribunal Superior de Justicia de Catalula.
Además, apuntan a que en las distintas salas de Barcelona hay 39 causas abiertas, siendo el Juzgado de Instrucción y de lo Penal de Barcelona la que más acumula con 18. Otros casos destacados son el Juzgado de Instrucción y de lo Penal de Girona, con 12 causas en tramitación; el Juzgado de Instrucción y de lo Penal de Lleida, con seis causas; o el Juzgado de Instrucción y de lo Penal de Tarragona, con ocho causas.
A vueltas con la amnistía
Este miércoles se ha vivido un duelo judicial en el que los fiscales del 'procés' han entregado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, el informe en el que se oponen a amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont, ya que entienden que es "improcedente" porque sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE.
En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, aseguran que si el jefe del Ministerio Público está a favor de aplicar la amnistía, deberá plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo. Además, los fiscales señalan que entienden por hechos amnistiables aquellos que "conciernen a los constitutivos de desobediencia y desórdenes públicos", indicando que no entrarían dentro los hechos constitutivos de malversación de fondos públicos.
Los fiscales defienden que es "indudable" que Puigdemont, los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros condenados Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa "sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España".