La denuncia de la Generalitat por la quema y tiroteo de un muñeco que representaba a Carles Puigdemont, en una celebración de Sevilla, ha sido archivada por la Fiscalía al concluir que no incitaba al odio ni era una discriminación por motivos ideológicos.

En un escrito, el fiscal de delitos de Odio de Sevillaresalta que la quema y tiroteo del muñeco de Puigdemont en la fiesta de la 'Quema del Judas' de Coripe no supone "una discriminación o rechazo a una ideología política ni ampara, de modo alguno, actos de incitación a la violencia", porque "en ningún momento se hizo referencia ni a la ideología ni al lugar de residencia del personaje".

Además, alega que es tradición en la celebración de la 'Quema del Judas' que se escoja a un personaje que represente "el mal" en ese año y, que en esta ocasión, se eligió, no un cargo de la Generalitat, sino "un ciudadano que se encuentra en la actualidad fugado de la Justicia española y al que se le atribuyen gravísimos delitos".

La Generalitat denunció por un delito de incitación al odio al alcalde de Coripe ante la Fiscalía por la quema y tiroteo, el pasado 21 de abril, del muñeco que representaba a Puigdemont, con una bandera independentista colgada al cuello.

Pretender extender la representación de la 'Quema de Judas' en relación a un personaje concreto "con un ataque a una ideología política" resulta "un artificio" que no encuentra acomodo en la jurisprudencia sobre el discurso del odio, según la Fiscalía.

Además, advierte de que los hechos denunciados no afectan a ningún miembro del gobierno catalán, por lo que, no cabría admitir la personación de la Generalitat en la denuncia ante el Ministerio Público por estos actos.

"No se trata, pese a que así se afirme en el acuerdo del gobierno de la Generalitat, de un ataque al MH Presidente Carles Puigdemont, sino de un ciudadano que se encuentra fugado de la Justicia contra el que se sigue un procedimiento penal por delitos muy graves", sostiene.

Sin embargo, al tratarse de un delito de carácter público, y habiendo tenido conocimiento de los hechos, la Fiscalía procedió a analizar el caso, y finalmente concluyó que no concurre ninguno de los elementos que integran el delito de incitación al odio.

El fiscal resalta en este sentido que la fiesta de la 'Quema de Judas', que se lleva a cabo el Domingo de Resurrección, fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2001 y que ha quedado "suficientemente acreditado" que existen caracteres de antigüedad en su celebración, así como la "originalidad y diversidad" propios de una tradición popular de interés turístico.

El ministerio público expone que se trata de una tradición que consiste en tirotear a un muñeco hecho de trapo y paja en el que se esconde un poco de gasolina hasta que este comienza a arder.

Indica la Fiscalía que "el muñeco representa a un personaje conocido que durante ese año haya destacado por haber realizado alguna mala acción". Según indica, son los padres de los alumnos de segundo de ESO del colegio público de la localidad los que en una votación "secreta y no reglada" eligen y elaboran el muñeco de un personaje que represente "el mal", en contraposición al Cristo Resucitado que minutos antes ha recorrido el pueblo en procesión.

En el caso de la fiesta de la 'Quema de Judas' de este año, los padres de los alumnos eligieron como personaje destacado por representar el mal "no a un cargo de la comunidad autónoma de Cataluña sino a un ciudadano que se encuentra en la actualidad fugado de la Justicia española y al que se le atribuyen gravísimos delitos pendientes de imputación", expone el escrito.

La Fiscalía reconoce que algunos de los insultos contra Puigdemont que se recogen en la denuncia podrían integrar un delito de injurias, pero matiza que en ese caso tendría que ser el propio expresidente quien interpusiera una querella. Además, avisa que los autores de esas exclamaciones no han sido identificados.

Una vez archivado el caso, la Fiscalía abre la vía para que la Generalitat remita la denuncia al juzgado de primera instancia de Morón de la Frontera, decisión que los servicios jurídicos de la administración catalana aún están evaluando.