El Gobierno de Canarias y el Partido Popular (PP) suscribieron este martes un acuerdo sobre la emergencia migratoria, que involucra a las doce comunidades y las dos ciudades autónomas gobernadas por los populares. Un pacto que ha generado un nuevo protocolo por Fernando Clavijo, presidente canario, que les permite "verificar" si las instalaciones de atención cuentan con plazas suficientes y aumenta la burocracia en la recepción de los niños extranjeros no acompañados.
Un protocolo que extiende los pasos antes de poder acoger a los migrantes que llegan al archipiélago canario y que ha provocado la reacción de la Fiscalía Superior de Canarias, advirtiendo al Gobierno canario que les investigará por un delito de abandono si decide no acoger a más migrantes.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, ha emitido un decreto en el que da instrucciones a los fiscales del archipiélago en relación al protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la comunidad autónoma, publicado este jueves, e informa de que investigará al Ejecutivo canario de posible delito de abandono si no acoge a los niños y jóvenes que llegan en patera a las islas.
En el decreto, la fiscal recoge que los fiscales que estén de guardia en la Sección de Menores o en la de Trata de Personas y Extranjería de las respectivas fiscalías provinciales de Canarias reciban comunicación de cualquier miembro de Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado informando de la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Adolescencia a la acogida de un menor extranjero no acompañado en un centro de protección canario, cuando el mismo haya sido debidamente reseñado, deberá dirigir oficio a dicha dirección general e interesar que se adopten las medidas necesarias para que el menor sea acogido "de forma inmediata" en el centro de protección que se indique.
De forma paralela, indica la fiscalía en un comunicado, el fiscal de guardia impartirá las instrucciones oportunas a la fuerza policial que ha remitido la comunicación al fiscal para que proporcione a dicho menor las medidas de protección que precise (comida, alojamiento, etc.) hasta que el mismo sea recogido por la dirección general o bien se indique el centro donde deba ser ingresado o bien con arreglo al protocolo publicado sea entregado a la Policía Autonómica Canaria, en cuyo caso se deberá controlar el tiempo de permanencia de dicho menor en dichas dependencias policiales.
El decreto publicado se acoge al protocolo nacional aprobado en 2014 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, un protocolo que implica acoger "de forma inmediata" a un menor migrante sin compañía familiar, informando debidamente a la Dirección General de Protección de la Infancia.
Por último, recoge que los fiscales de Trata de Personas y Extranjería deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación ante la posible comisión de un delito de abandono de menores sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación.