La Fiscalía belga aboga por detener y entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por los delitos que recoge la euroorden del juez Llanera en su contra, sedición y malversación, según ha confirmado la defensa a laSexta. La euroorden fuer reactivada por el Tribunal Supremo tras publicarse la sentencia sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Uno de sus abogados, Paul Bekaert, ha señalado que este posicionamiento de la Fiscalía, en línea con la petición del Tribunal Supremo español, figura en alegaciones escritas ya presentadas ante la vista sobre la euroorden reactivada contra Puigdemont, convocada para este martes ante un tribunal de primera instancia en Bruselas.

Según el letrado, la Fiscalía cree que "a primera vista" Puigdemont puede ser entregado a España por esos dos delitos. La defensa del expresidente de la Generalitat ha señalado que pedirá un aplazamiento de dicha vista para poder presentar observaciones por escrito sobre asuntos como la inmunidad parlamentaria que alega Puigdemont como miembro electo del Parlamento Europeo. Algo que rechazan la propia Eurocámara, la Comisión Europea y España.

Plazos para decidir sobre la extradición

Tanto la Fiscalía belga como la defensa de Puigdemont disponen de un plazo de 24 horas para presentar un recurso. El caso pasaría entonces a la Corte de Apelación y quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros. Aunque este periodo podría ser ampliado otros 30 días, alcanzando los 90 días en casos excepcionales.

Estos plazos están previstos para personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas a la espera de que se resuelva su caso, por lo que en caso de que los reclamados se encuentren en libertad, como es el caso de Puigdemont, los plazos pueden ser mucho mayores.

El ordenamiento legal belga recoge que el país puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.