La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha recibido la denuncia interpuesta por el Partido Comunista de España (PCE) sobre la actuación del president del Parlament balear, el político de Vox Gabriel Le Senne, ha abierto un expediente de seguimiento y remitido la denuncia a la Unidad de Odio para su análisis y estudio.

El miércoles, el PCE presentó una denuncia ante el Ministerio Público por delito de odio e infracción de la Ley de Memoria Democrática. Así lo anunciaba su secretario general, Enrique Santiago: "No les basta a los ultras de Vox con la violencia fascista: también vulneran el derecho a la memoria de Aurora Picornell. No vamos a permitir que quede impune", aseveró.

La denuncia llegaba después de que, el martes, Le Senne expulsara del pleno a las diputadas socialistas y miembros de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido y Pilar Costa, que exhibían retratos de Aurora Picornell y las Roges del Molinar. El político ultraderechista incluso rasgó la fotografía de Picornell que Garrido tenía pegada en su ordenador.

En su denuncia, el PCE recuerda que Picornell era una reconocida militante y dirigente comunista que fue torturada, violada y asesinada por el franquismo la Noche de Reyes de 1937, cuando solo tenía 24 años, y considera que los hechos pueden constituir un delito de odio y una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática. A esta denuncia se suma la anunciada este jueves por el Gobierno central, que también llevará al president del Parlament de Baleares ante la Fiscalía.

Por su parte, Le Senne ha pedido "disculpas" este jueves, pero considera que "se ha exagerado y sacado de quicio" lo ocurrido, pues, según su versión, su "intención no fue romper el cartel sino retirarlo". "Tuve un momento en que me enfadé e hice algo que no debí hacer", ha asegurado ante la prensa, defendiendo que fue "un momento de ofuscación tras diez horas de pleno y uno se equivoca" y que no fue "odio a ninguna víctima ni mucho menos".

Los hechos sucedieron precisamente durante un debate en el que Vox y PP daban los primeros pasos para la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Baleares.