El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, ha anunciado este miércoles que en los próximos días se nombrará un fiscal delegado contra los delitos de odio para dirigir una unidad con la que el ministerio público quiere "avanzar en la lucha contra esta lacra".
Antes de presidir este miércoles en Cádiz la imposición de la Cruz de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la fiscal delegada de Violencia de Género de la Fiscalía de Cádiz, Lorena Montero Pujante, García Ortiz se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las actuaciones abiertas sobre los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius en el partido del pasado domingo en Mestalla.
Aunque no ha querido pronunciarse sobre estas diligencias porque están en sus inicios, el fiscal general del Estado ha llamado a toda la sociedad, las administraciones y las instituciones a actuar, cada una desde su ámbito, porque "tenemos que ser absolutamente intolerantes contra comportamientos que conlleven el racismo, la xenofobia".
La Fiscalía -ha añadido- tiene "un empeño" en esta lucha desde hace más de una década y "lo va a culminar" con el nombramiento de "un fiscal de sala delegado contra los delitos de odio que va a dirigir una unidad que nos va a servir para avanzar en la lucha contra esta lacra". Ha asegurado que la Fiscalía española es "una avanzada" en toda Europa en la protección de las víctimas de delitos de odio.
Delimitar qué es delito de odio
"Vienen fiscalías de toda Europa a identificar cómo funciona la Fiscalía española y participamos, por supuesto, en todos los foros nacionales e internacionales contra los discursos de odio", ha defendido. Ha explicado que la labor de la fiscalía en este ámbito es delimitar "qué es aquello que se puede entender como un delito de odio", una cuestión técnica y compleja, enmarcada en una jurisprudencia en la que "no bastan unas simples apreciaciones".
Ha requerido que los juzgados, tribunales y audiencias del país "se vayan concienciando de la necesidad de castigar este tipo de conductas cuando sean delito" y a que, cuando no alcancen esta calificación, funcionen "otros medios" para prevenir o castigar este tipo de conductas" que están en "algunos sectores de la sociedad" y a veces se producen "en manifestaciones públicas evidentes, notorias", pero otras a través de "una violencia soterrada".
Ha explicado que aunque a un servicio público como es la fiscalía le cuesta tiempo "generar la confianza en las víctimas" para que denuncien estos delitos, el número va creciendo. Sobre los procesos abiertos por compra de votos por correo en Melilla y Almería, el fiscal general ha indicado que los están "en una fase muy primaria de la investigación" y que, además, están declaradas secretas, por lo que ha pedido respeto para los tiempos judiciales.