La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias de investigación por la identificación por parte los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de varias personas que retiraban lazos amarillos del espacio público en varios municipios de la provincia de Tarragona.
En su escrito, la Fiscalía reclama al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra que en el plazo máximo de 15 días le informe de los agentes que actuaron, de los "motivos concretos" que llevaron a la intervención realizada, las diligencias practicadas y, en su caso, si las mismas dieron lugar a la remisión de denuncia a la autoridad judicial o a la incoación de expediente sancionador.
También requiere al comisario jefe de los Mossos que en el mismo plazo informe a la Fiscalía sobre las "pautas o criterios de actuación seguidos por los funcionarios de dicho cuerpo policial con relación a eventuales actuaciones de retirada de simbología partidista o reivindicativa de la vía pública por parte de particulares".
La Fiscalía también pide al jefe de los Mossos que le remita "puntual informe" de todas cuantas actuaciones de la misma naturaleza sean realizadas por la policía catalana en lo sucesivo y de las que fueran realizadas por la Policía Local y de las que pudieran tener conocimiento.
Las identificaciones de personas que retiraban lazos amarillos de espacio público se produjeron este mes de agosto en las localidades tarraconenses de Mora la Nova, Tivissa, Vandellós y l'Atmella de Mar.
En el razonamiento de estos requerimientos, la Fiscalía señala que el pasado 22 de agosto el presidente de la asociación Impulso Ciudadano, José Domingo, presentó un escrito en el que, entre otras cosas, se refería a una nota divulgada el 18 de agosto por el departamento de Interior de la Generalitat, en la que se informaba de la identificación de "14 individuos" en las localidades tarraconenses de Mora la Nova, Tivissa y Vandellós como "posibles autores de daños al dominio público".
También se anunciaba por parte del departamento de Interior que "se iniciaban acciones por presunta infracción grave de la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana, que sanciona estas acciones con multas de 601 a 30.000 euros".
La Fiscalía añade que el autor del escrito consideraba que estas actuaciones podrían resultar "arbitrarias, carentes de fundamento legal y discriminatoria por razón de la ideología", por lo que pedía que los hechos fueran investigados por la Fiscalía.