La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha expuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sus motivos para justificar que se mantenga la suspensión de todas las manifestaciones previstas con motivo del 8M, destacando que suponen "un riesgo" para la salud pública. En su exposición, la representante del Ministerio Público ha sostenido también que, además de las "imperiosas necesidades" derivadas de la actual situación sanitaria, la razón que llevó a la Delegación del Gobierno a prohibir las concentraciones se basan, asimismo, en la normativa propia del estado de alarma.

En su opinión, a la hora de autorizar este tipo de manifestaciones durante el estado de alarma existe una "situación de conflicto" entre el derecho a la vida (art. 15 CE) y a la salud (art. 43 CE) frente al derecho de reunión (art. 21 CE). Así, para la fiscal resulta "procedente" realizar un ejercicio de ponderación con el fin de otorgar "prevalencia" al derecho a la vida, "dado que el propio texto constitucional prevé la posibilidad de limitar el derecho de reunión en los supuestos que exista una puesta en peligro para las personas y bienes".

Asimismo, ha sostenido que las concentraciones previstas para el 8 de marzo "carecen de medidas se seguridad" que permitan garantizar la salud pública "que se ve comprometidas en la situación actual". En este sentido, asegura que la previsión de un cordón de seguridad compuesto por un "reducido" número de integrantes "es, a todas luces, insuficiente para el control basado en el porte de la mascarilla y el mantenimiento de la distancias interpersonal de un número de personas como el indicado por el promotor". Por tanto, ha considerado que la prohibición de las concentraciones es "proporcionada" y "ponderada" ante la situación actual de riesgo sanitario sin que quepa cuestionar ni apreciar un trato discriminatorio hacia las concentraciones convocadas.

Así, que haya o no manifestaciones en Madrid ya no corresponde al Gobierno, que no obstante sigue valorando la cuestión judicial referida a las concentraciones del 8 de marzo. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que las feministas estarán a la altura el 8 de Marzo: "Seamos responsables y enseñemos cómo somos los hombres y mujeres feministas los que podemos reivindicar nuestros derechos haciendo cosas diferentes".

Coincide de esta manera con su compañera de coalición, la vicepresidenta Carmen Calvo, que además ha insistido en que la decisión de la delegación del gobierno en Madrid responde a criterios epidemiológicos: "Si hubiésemos decidido esto en toda España, alguien podría sacar una conclusión política. No lo hemos decidido más que en el lugar que tiene las peores cifras de la pandemia".

Por su parte, el PP , en boca de Jaime Olano, secretario nacional de Participación del Partido, pedía al Gobierno ir más allá y prohibir por ley todas las manifestaciones. Horas después, sin embargo, Cuca Gamarra, portavoz de los populares, apuntaba una alternativa: "La cuestión para no prohibir es que no se convoquen, que se busquen otros formatos". Contradice no obstante la posición de su partido el presidente gallego Alberto Núñez Feijoó.

"Estoy convencido de que estas reivindicaciones pueden ser visibles y prudentes. Cumpliendo todas las medidas las mujeres pueden decir y manifestar lo que consideren", ha expuesto el líder de la Xunta de Galicia. No es el momento de protestar en la calle para Ciudadanos. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido también buscar alternativas: "Creo en el derecho a la manifestación, pero también en el derecho a no contagiarnos". Según las estimaciones de la delegación del Gobierno, hasta 60.000 personas podrían salir a la calle en Madrid si se autorizan las distintas manifestaciones.