En una intervención de carácter muy técnico la representante del Ministerio Público ha defendido la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas para ambos y para el expresidente Balear Jaume Matas por los delitos de malversación de caudales públicos , al tratarse de un "delito bilateral" en el que es necesario el concurso de todas las partes.
"En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomia de la voluntad", ha señalado la fiscal Garrido para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.
Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.
La pena impuesta fue no obstante bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.