En su escrito, la Fiscalía considera que la denegación de la publicación de aquel decreto, que incluía el nombramiento como consellers de Jordi Turull y Josep Rull -en prisión preventiva- y de Antoni Comín y Lluís Puig -huidos a Bélgica-, no puede ser considerado como un acto "injusto y arbitrario".
Torra presentó el pasado 1 de junio una querella ante el Supremo por un presunto delito de "prevaricación por omisión" contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a quienes acusa de tomar una decisión "arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal".
En su escrito, firmado por el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas, el Ministerio Público muestra su "frontal oposición al contenido de la denuncia y a su pretensión de existencia de responsabilidades penales de los denunciados".
Sostiene que en virtud de las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo de artículo 155 de la Constitución, el Ejecutivo tenía la potestad de designar órganos o autoridades que podían decidir si actos como el de proceder o no a la publicación de un decreto del presidente de la Generalitat, resultaba o no contrario a las finalidades que perseguían los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros el 21 de octubre.
Esta "autorización previa" del Ejecutivo central "no es como pretende el denunciante, un acto reglado y obligado en todo caso, de manera que si la publicación se considera contraria al ordenamiento jurídico, es evidente que la misma debe denegarse, de acuerdo con la habilitación generada en aplicación del 155".