La Fiscalía Superior de Canarias ha presentado esta mañana, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), un recurso contencioso-administrativo contra el Protocolo Territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado el 12 de septiembre, según un comunicado publicado este miércoles.

En dicho comunicado se recoge que la Fiscalía entiende que el "protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución".

En el mismo recurso, señala la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, en el comunicado, el Ministerio Fiscal solicita al Tribunal como medida cautelarísima (es decir, de forma urgente y sin llegar a oír antes los argumentos que pueda esgrimir el Gobierno canario) la "suspensión del citado Protocolo", ya que su ejecución supone la "ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la comunidad autónoma".

El nuevo protocolo aprobado por el Gobierno canario de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) implica que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se exige su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.

Confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por la comunidad autónoma que entreguen los funcionarios del Estado será hecha en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existan, en los lugares habilitados.

Este protocolo fue criticado duramente por el Gobierno central por considerar que podía suponer una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia. El Ministerio de Juventud e Infancia remitió a la Fiscalía de Menores un informe al respecto, pues la competencia en materia de protección de menores es exclusiva de la comunidad, independientemente de la situación en la que se encuentren. "Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo", dijo el departamento de Sira Rego. Tras la confrontación con el Gobierno, el varapalo ha llegado ahora de manos de la Fiscalía canaria.

Clavijo: "La Fiscalía debería ser tan exigente con el Estado como lo es con Canarias"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este miércoles que la Fiscalía debería ser con el Estado, "en la parte que le compete" en la filiación de los menores inmigrantes que llegan a las islas, "igual de exigente" que lo es con el Gobierno autonómico en sus responsabilidades de acogida. Así ha respondido el presidente regional tras ser preguntado por la petición de la fiscal superior de Canaria. Según Clavijo, que hoy se ha reunido en Tenerife con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, durante meses la Fiscalía ha permitido que los menores fuesen entregados "sin las debidas garantías".

"Si queremos garantizar la protección del menor necesitamos que la documentación, las reseñas y las fotografías estén. Igual que la fiscalía es en sus oficios muy exigente con la protección del menor una vez llega a Canarias e insta y gira oficios al Gobierno canario de manera exigente, creo que debe ser igual de exigente con la parte anterior que le compete al Estado", ha expresado Fernando Clavijo.

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