La Fiscalía reconoce que realiza un borrado habitual del móvil del fiscal general por razones de seguridad

Al conocerse que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no había encontrado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había reenviado los correos electrónicos en los que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía un fraude fiscal y proponía un acuerdo de conformidad, ni ningún mensaje en su teléfono la misma Fiscalía ha aclarado que se practican borrados periódicos por cuestiones de seguridad.

Un borrado que, tal y como señalan fuentes fiscales a laSexta, no lo hacen los servicios informáticos sino los propios usuarios de los teléfonos y para el que tampoco existen ningún plazo estipulado. Algunos optan por el borrado automático, mientras que otros lo van haciendo cuando lo consideran oportuno. Además, destacan que esta acción está amparada por la instrucción 2/2019.

En esa línea, el Ministerio Público señala que está "obligado a tratar los datos personales de las personas físicas de acuerdo con (...) el principio de limitación del plazo de conservación" que recoge la normativa referente a la protección de datos. De hecho, la Fiscalía también argumenta este borrado en que "una de las medidas básicas de seguridad es la destrucción de forma segura de dispositivos en desuso".

Las normas del ministerio público contemplan la prohibición de "almacenar indefinidamente documentos en soportes digitales ni en las cuentas de correo"

Asimismo, el Ministerio Público contempla que "el almacenamiento de información que contenga datos personales en soportes electrónicos portátiles (discos duros externos, memorias USB, etc.) ha de limitarse al máximo, siendo obligada su encriptación en caso de que se utilicen", así como el "formateado de los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario y certificación de dicha actuación por parte del personal encargado".

En esa línea, estas normas también incluyen la prohibición de "almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico", por lo que se debe "eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera".

¿Cómo afecta al caso?

Se da así una 'coartada' de la Fiscalía que explica que la UCO no haya encontrado pruebas de que fuera Álvaro García Ortiz el autor, o el ordenante, de la filtración del correo. Cabe destacar que los investigadores registraron y copiaron el contenido de los dispositivos electrónicos habidos en el despacho del fiscal general del Estado, después de que el Tribunal Supremo admitiera investigar al jefe de los fiscales por un presunto delito de revelación de secretos que ahora parece más difícil de probar.

En esta línea, fuentes conocedoras de la investigación también han querido señalar que esa filtración llegara a Moncloa antes de ser publicado en los medios de comunicación no implica que no pudiera mandarlo un periodista antes de publicarlo. No obstante, el pseudosindicato Manos Limpias ya ha solicitado al Tribunal Supremo que pida a Meta, Google y Facebook los mensajes de mensajería instantánea borrados por la Fiscalía.

Una petición que basan en que resulta "inverosímil que no se remitiera o recibiera mensaje alguno" entre los días 13 y 14 de marzo por lo que se deduce "que con carácter previo o simultáneo a la entrada y registro en las Fiscalía General del Estado se hubiera podido proceder a su borrado". Es por ello que expone al Alto Tribunal "la posibilidad de que haya una copia de seguridad de los mismos que se encuentre almacenada en el denominado 'almacenamiento en nube', que proveen los distintos proveedores de servicios" anteriormente mencionados.