La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, actual diputada de ERC en la Cámara catalana, y la exsecretaria primera de la Mesa Anna Simó han pedido el amparo del Tribunal Constitucional para que su causa por rebelión pase del Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En un escrito, Forcadell y Simó piden al Constitucional que remita su causa al TSJC alegando que así tendrán derecho a una segunda instancia y para dar una mayor apariencia de "independencia e imparcialidad", ya que varios de los magistrados del Supremo llamados a resolver el litigio fueron compañeros de sala del exfiscal general del Estado José Manuel Maza -ya fallecido-, que fue quien interpuso la querella en su contra.
La abogada de Forcadell y Simó, Olga Arderiu, no discute en su escrito la existencia o no de indicios de delito, a pesar de estar "completamente convencida" de su ausencia de responsabilidad penal, y se limita a pedir el amparo del Constitucional al considerar que su caso debe recaer en el TSJC porque así se establece por la condición de aforada de la expresidenta del Parlament y porque los hechos investigados suceden "en su totalidad" en Cataluña.
Según el escrito, tanto en el caso del delito de rebelión, como en el de sedición y de malversación, los hechos investigados se habrían producido -de haberse cometido, según la defensa-, en Cataluña.
Además, según la abogada, en el presente caso se da la "circunstancia objetiva" de que el fiscal que firmó la querella que ha dado origen al procedimiento -el exfiscal general del Estado José Manuel Maza- fue durante 14 años miembro de la Sala Segunda del Supremo, el órgano judicial encargado de su instrucción y enjuiciamiento.
"Este hecho conlleva que los magistrados llamados a resolver el litigio han sido durante años compañeros de sala con una de las partes", advierte el escrito, que subraya que esta coincidencia es de "especial calado" con los magistrados que acordaron la admisión de la querella. Además, alega que en el caso del 9N, sobre la consulta independentista convocada en 2014 por el gobierno del expresidente Artur Mas, tanto la Fiscalía como la sala segunda del Supremo rechazaron de forma "tajante" la competencia del Tribunal Supremo.