La Fiscalía General del Estado tiene previsto poner en marcha la maquinaria legal contra los responsables de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán, incluido el expresidente de la Generalitat, Carles Puigemont.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han confirmado que la querella se presentará después de que el fiscal general, José Manuel Maza, y sus asesores la hayan ultimado durante el fin de semana.

En principio, la intención de Maza es actuar contra los miembros del Govern y contra los integrantes de la Mesa que el pasado viernes 27 permitieron que se tramitara la declaración de independencia.

La Fiscalía había mostrado su voluntad de que la querella afectase a "todos" los que participaran de los hechos presuntamente delictivos, pero la votación secreta y en urna hace imposible identificar a los parlamentarios que votaron "sí" a la independencia.

Como se ha apuntado en las últimas semanas desde la Fiscalía, la idea es procesar a los promotores del proceso por rebelión, un delito previsto para aquellos que se alcen "violenta y públicamente" con una serie de objetivos, como la derogación, suspensión o modificación de la Constitución o la declaración de la independencia de una parte del territorio nacional.

El Código Penal prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión para quienes, "induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión" y para "los jefes principales de ésta". Quienes ejerzan "un mando subalterno" pueden ser castigados con condenas de prisión de diez a quince años, y los meros participantes se enfrentan a posibles castigos de cárcel de cinco a diez años.

La pena más alta, 30 años de cárcel, se plantea para aquellos jefes de rebeliones en las que se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia. Se ha especulado con la idea de que la Fiscalía solicite en su querella la detención de Puigdemont, si bien no es frecuente que se pidan ese tipo de medidas en un escrito de querella o denuncia, por lo que otras fuentes apuntan la idea de que tan solo se plantee su citación a declarar como investigado.

También está aún por ver ante qué tribunal se interpone la querella, toda vez que los miembros del Govern han sido cesados y el Parlamento disuelto por el Ejecutivo central en aplicación del artículo 155 de la Constitución, con lo que la mayor parte de los posibles querellados ha perdido el aforamiento.

Pero no todos, dado que, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entre otros, lo mantendrá al formar parte de la Diputación Permanente hasta la convocatoria electoral, con lo que lo mantienen.

Fuentes jurídicas han planteado en las últimas semanas que la querella se remitirá con toda probabilidad al Tribunal Supremo, al considerar que los hechos afectan a todo el territorio español e incluso se han cometido en el extranjero, como es el caso de algunas webs vinculadas al referéndum que estaban alojadas en servidores de otros países.

Si finalmente se tiene en cuenta la pérdida de aforamiento de Puigdemont y no prevalece el criterio de que la condición de aforados de algunos querellados como Forcadell arrastra a los demás, entonces la Fiscalía presentaría su querella por rebelión ante la Audiencia Nacional.