El 85% de los funcionarios de la Administración de Justicia ha secundado este lunes la primera jornada de huelga indefinida con paros de tres horas para exigir un aumento salarial en línea con el acordado con los letrados, según los sindicatos convocantes.

El Ministerio de Justicia, por su parte, ha rebajado el seguimiento del paro al 15,03% (sobre el total de funcionarios), cifra solo referida a los órganos centrales y los territorios que no tienen trasferida la competencia de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.

Según ha informado en un comunicado el sindicato CSIF, el mayoritario en el sector de la Justicia, como consecuencia de los paros se han visto afectadas unas 700.000 actuaciones judiciales y "miles de juicios". Si la huelga continúa, advierte, se necesitarían dos años para recuperar el trabajo perdido.

Los paros se han sentido "sensiblemente" en instancias judiciales de todo el país: juzgados de guardia, de lo Social, de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria; registros civiles, audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, enumera el sindicato.

Desde este lunes, 45.000 funcionarios de los juzgados están llamados a la huelga por CSIF, STAJ, CCOO y UGT para exigir una subida salarial "digna", tras la pactada con los letrados de la administración de Justicia, que percibirán mensualmente entre 430 y 450 euros brutos más.

Los paros, previstos todos los días entre las diez de la mañana y la una de la tarde, seguirán de forma indefinida y, además, el miércoles habrá una huelga general durante toda la jornada y una "gran manifestación" en Madrid que partirá del Ministerio de Justicia.

CCOO ha rechazado entrar en una guerra de cifras con la administración sobre el seguimiento participación en la huelga, pero ha garantizado en un comunicado que la participación ha sido "altísima", de "más del 80%" en el primer día, y ha instado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a remitir de inmediato una propuesta para comenzar las negociaciones y evitar así un mayor deterioro del servicio público de justicia y nuevos retrasos.

El seguimiento de la huelga ha sido desigual en las distintas comunidades. En Galicia, por ejemplo, los sindicatos lo han cifrado en el 30% y la Xunta en el 1,1%, mientras que Castilla y León los convocantes han situado la participación en el 80% y en el País Vasco, en el 60%. En esta última comunidad, los sindicatos ELA y LAB suman una reinvindicación adicional y exigen al Gobierno vasco la equiparación salarial de los funcionarios de Justicia con el resto de empleados de la administración autonómica, que cobran de media un 13% más, según denuncian.

En Madrid, el decano de la Abogacía, Eugenio Ribón, ha trasladado en una carta a los sindicatos su preocupación por los "graves perjuicios" que pueda ocasionar la huelga y, aunque ha defendido las "justas reivindicaciones" de los funcionarios, les ha recordado que estas no pueden ir "en detrimento" de los ciudadanos. Para ello, les ha pedido su colaboración para que se preste "especial atención" a situaciones de vulnerabilidad que necesiten una actuación "impostergable", además de que se comuniquen previamente las posibles suspensiones para evitar desplazamientos y gastos a las partes implicadas.