El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido "respetar la legislación comunitaria y estatal" ante la polémica generada por el intento de la Consejería de Agricultura y Ganadería (Vox) de flexibilizar las medidas de control de la tuberculosis bovina. Sin embargo, su postura es contradictoria con la de su vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox), que este mismo viernes cuestionaba la legislación europea y ignoraba la rebelión de los ganaderos. No solo eso, sino que ha llegado a comparar su propuesta con la lucha contra la esclavitud.
García-Gallardo ha insistido en que el reglamento sobre saneamiento ganadero que aprobó la Junta es "perfectamente legal" y defiende que la "flexibilidad" en este aspecto es necesaria para que este sector "no se vaya al garete". "¿Qué quiere la UE, que importemos toda la carne desde Marruecos?", ha cuestionado. Y no es la primera vez, este jueves estuvo en Bruselas para una reunión muy importante y ahí insistía en esta posición, pero metió la pata con el nombre de un comisario. "Hemos tenido tres reuniones con el gabinete del comisario de Agricultura, el polaco Volchoneski (en referencia a Janusz Wojciechowski) o cómo se diga", explicó García-Gallardo en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo.
García-Gallardo ha asegurado que se está abocando "a la ruina del sector primario, por tanto, seguirá defendiendo las medidas de flexibilización". Pero el presidente de la Junta insiste y defiende la situación sanitaria: "En Castilla y León, la situación sanitaria, la situación de saneamiento ganadero y que afecta a distintos sectores, es la misma que hace un mes, 6 meses...".
Aunque el dirigente de Vox continúa cuestionando la normativa europea y lo argumenta con una rocambolesca comparación. García-Gallardo ha recordado que en España se cierran "dos explotaciones ganaderas al día". "Quizás habría que hacer lo que sugieren algunos, que es mantenerse impasible, de manera acrítica, de manera obediente, sin cuestionar ninguna cuestión, basándose únicamente en el statu quo, nosotros consideramos que los gobiernos también están para defender intereses y vamos a defender a nuestro sector primario y vamos a seguir reclamando los cambios jurídicos que consideramos necesarios", ha reseñado. "Si no se hubiera cuestionado el estatus quo en su momento, ahora mismo la esclavitud sería legal", ha defendido.
Por su parte, el presidente del Consejo de Veterinarios, Luciano Diez Diez, ha sostenido que "no tiene sentido que unas decisiones políticas mal tomadas, que tienen camino de ser ilegales porque se oponen a la normativa superior de obligado cumplimiento, generan unas expectativas que no se pueden desarrollar". "Eso es esperpento", ha criticado Diez Diez. Y que ya han provocado a los ganaderos de Salamanca pérdidas por un valor de 4 millones de euros.