El Gobierno responde a los que lo acusan de dejación de funciones en la defensa de Pablo Llarena. En un comunicado, asegura que hace días que puso en marcha los mecanismos necesarios para defender la soberanía jurisdiccional española y, por consiguiente, también al magistrado.

"Se ha analizado la forma en la que se va a trabajar en la defensa de la soberanía de jurisdicción", ha dicho la ministra de Justicia Dolores Delgado en una entrevista en la Cadena SER.

Recalca el Ejecutivo que, no sólo ha seguido las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial, sino que lo ha hecho con diligencia.

Contesta así a las cinco asociaciones de jueces y fiscales que le han pedido que se persone inmediatamente en la causa y que no espere a que sea admitida la demanda.

"El Estado, ante eso ha de actuar y defender", ha asegurado en una entrevista telefónica Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.

El propio Llarena, según ha contado El Confidencial, se siente abandonado. Pero la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que se ha desmarcado del resto, respalda la actuación del Gobierno. Creen que es correcta y ajustada a derecho".

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para para la Democracia, ha dicho que "hay que diferenciar entre el ciudadano Llarena y el juez Llarena".

El Ministerio de Justicia centrará un despacho de abogados en Bélgica para defender al magistrado del Supremo, pero sólo si lo que se cuestiona es su instrucción del 'procés'. No lo hará por palabras como las que pronunció Llarena el 22 de febrero de 2018 cuando dijo que "un delito político no estaría sancionado por ordenamiento jurídico; no es el caso".

Puigdemont y otros cuatro exconsellers huidos acusan a Pablo Llarena de parcialidad y ensañamiento y de no respetar su presunción de inocencia. "Tanto en el ámbito judicial como político, todo lo que toca Llarena se convierte en un galimatías", aseguraba el 25 de julio Puigdemont.

En la demanda civil, que interpusieron en Bélgica el pasado mes de junio, también acusan a España de vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales de los independentistas.

Partido Popular y Ciudadanos pedirán la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso.