Reforma de la Ley de Extranjería
El Gobierno aprueba el sistema de reparto de menores migrantes tras alcanzar un acuerdo con Junts
¿Cómo funciona? No hay cifras oficiales de cuántos menores recibirá cada comunidad, pero el decreto establece criterios para determinarlo. Dependerá, entre otros aspectos, del número de habitantes, la renta o el paro de cada territorio.

Resumen IA supervisado
El Consejo de Ministros aprobará un real decreto para reformar la Ley de Extranjería en lo relativo al reparto de menores migrantes, tras llegar a un acuerdo con Junts. Esta reforma será estructural y no puntual, según el Gobierno, y será presentada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Junts y el PSOE han acordado un reparto basado en la población y el número de menores ya acogidos. Cataluña acogería 30 niños y Madrid 700, dado que Cataluña ya supera su cuota, según el partido independentista. Anteriormente, Junts y el PP bloquearon una reforma similar. Ahora, el Gobierno contaría con los apoyos necesarios para sacarla adelante en el Congreso.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para reformar la Ley de Extranjería en lo relativo al sistema de reparto de menores migrantes, tras alcanzar el Gobierno un acuerdo con Junts que le permitirá sacarlo adelante en el Congreso.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lo ha presentado en rueda de prensa como "un hito en la defensa de los derechos humanos" y el "interés superior del menor" y ha detallado que se modifica el artículo 35 de la norma de tal forma que cualquier comunidad autónoma que multiplique por tres su capacidad ordinaria de acogida se considerará en situación de "contingencia migratoria", lo que permitirá activar los mecanismos de reubicación de los menores.
También se establecen criterios para la distribución de esos menores, que en todo caso pueden ser modificados por la Conferencia Sectorial. Estos criterios tienen que ver con la población, la riqueza o el esfuerzo que ya haya destinado una comunidad a la acogida. En concreto, el ministro Torres ha detallado algunos de esos parámetros para determinar la cantidad de menores que debe acoger cada región:
- 50% por población,
- 13% por renta per cápita,
- 15% por tasa de paro,
- 6% esfuerzo realizado,
- 10% de dimensionamiento y así hasta el 100%
Además, ha aclarado el también expresidente canario, se prevé "consignación económica suficiente y necesaria". Según Torres, la reforma también establece cómo debe registrarse un menor y los plazos para su reubicación: "Cuando un menor llegue y esa comunidad está en continencia migratoria, una vez que se establezcan todos su registros, en 15 días sería distribuido a otras comunidades", ha señalado.
Torres ha explicado también cómo se calcula la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad para este año 2025. Las autonomías, ha indicado, tienen hasta el 31 de marzo para trasladar al Gobierno cuántos menores está atendiendo cada una actualmente. "Todas las comunidades autónomas tienen absoluta igualdad", ha sostenido. Para hacer el mismo cálculo de cara a 2026, tendrán hasta el 15 de enero.
El pasado mes de julio, PP y Junts tumbaron la reforma de la Ley de Extranjería para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades, en un momento en que Canarias estaba ya en una situación límite. Con el acuerdo alcanzado ahora, el Gobierno sí tendría los apoyos necesarios para sacarla adelante en el Congreso. La ministra de Inclusión, Elma Sainz, ya había adelantado que el pacto sobre competencias en materia de migración abría la puerta a este acuerdo.
El ministro Torres, en todo caso, ha tendido también a las otras dos formaciones que votaron en contra el pasado verano, PP y Vox. "Sería bueno que cualquier persona que tenga dudas pueda visitar un centro de menores", ha aseverado el titular de Política Territorial, que ha denunciado que allí se hacinan menores que ni tan siquiera pueden ser "escolarizados en condiciones dignas".
Así, les ha pedido que "reflexionen": "Fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores que venían tras la invasión de Ucrania y un conflicto bélico. Son los mismos menores. Tienen las mismas edades, lo único que les diferencia es el color de la piel", ha sentenciado.
El pacto con Junts
Fuentes de Junts habían confirmado ya a primera hora el acuerdo con el PSOE sobre el reparto de menores. Posteriormente, fuentes del grupo parlamentario han incidido en que el decreto, en todo caso, tiene una validez de un año y que después habrá que decidir si se prorroga o se vuelve a negociar.
El partido independentista ya avanzaba por la mañana que se tendrá en cuenta el número de menores que ya acoge Cataluña y la población de cada comunidad. Según sus cifras, a Cataluña le correspondería acoger a entre 20 y 30 niños y a Madrid, más de 700 de los 4.000 que están actualmente en Canarias. Según datos de la Generalitat, Cataluña tutela actualmente a 6.450 jóvenes, de los cuales 2.200 son menores.
El reparto, indicaban a su vez desde el grupo parlamentario, se realizará mediante un decreto ley temporal con unos "criterios justos y equitativos" para resolver la situación humanitaria y ser más eficaces en el trabajo de integración y oportunidades de vida de los menores. Se realizará, abundaban, entre aquellas comunidades autónomas que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo "mucho menor".
El acuerdo incluye también, según estas fuentes, que las comunidades que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener -como es el caso de Cataluña- reciban una compensación económica adecuada. "Solo así se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible", sostienen.
Críticas de PP y Vox
Las primeras proyecciones apuntan a que Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana son los territorios que más menores tendrían que acoger. Entre los que menos estarían Cataluña y Euskadi, pero también comunidades gobernadas por el PP, como Baleares.
Presidentes autonómicos del PP, como Alfonso Rueda y Juanma Moreno, reclaman "financiación" y "medios materiales y humanos" para la acogida. Una financiación que el Gobierno garantiza -"consignación económica suficiente y, además, necesaria", ha dicho Torres-, mientras prevé 100 millones para hacer frente a estos traslados.
Sin embargo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no tener política migratoria y de estar llevando a cabo una "absoluta dejación de funciones". "Se va a aplicar el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores como si fueran paquetería. Y no, son niños, con sus derechos", ha sentenciado la número dos de los 'populares'.
A su vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado a través de las redes sociales, donde ha proclamado: "Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva". "Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos", ha aseverado la dirigente autonómica, que además sostiene que "se usa a estos menores de arma política".
Un tuit que arrancaba de forma muy similar al que ha publicado el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha enarbolado una vez más la retórica xenófoba de su partido: "Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia... ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su Rey. Punto", ha escrito en la misma red social.