El Gobierno ha dado este martes el primer paso para que el Estado pueda tomar el control de la Sareb, la sociedad conocida popularmente como 'banco malo' creada en 2012 tras el rescate financiero para dar salida a los activos tóxicos de la banca, por un precio simbólico y sin aumentar la factura para el contribuyente.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que permitirá al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), elevar su participación actual del 45,9 % en la Sareb más allá del 50 %, en un porcentaje aún por decidir pero que, según fuentes financieras, parece que no será del 100 %.

A finales de marzo de 2021, la oficina estadística europea, Eurostat, decidió incorporar la Sareb dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit, una decisión que hizo que el Gobierno se planteara asumir el control de la compañía.

Entonces se interpretó que el Ejecutivo querría convertirse en el único accionista de la Sareb, nacionalizando la compañía y provocando la salida del resto de accionistas, entre los que se encuentran principalmente bancos y aseguradoras, entre ellos el Santander, CaixaBank, Sabadell, Kutxabank, Ibercaja Banco y Bankinter, además de Mapfre, Mutua Madrileña, AXA o Generali.

Sin embargo, a día de hoy el Ejecutivo se conforma con tener el control y algunos de los históricos accionistas podrían seguir formando parte del capital de la Sareb para defender sus intereses y no tener que renunciar a los créditos fiscales diferidos generados por su inversión.

Sea cual sea la fórmula que finalmente se decida, el departamento de Nadia Calviño trabaja con la máxima de que no habrá más ayudas públicas y la toma de control de la Sareb debe tener el mínimo coste para el erario público, por lo que previsiblemente se llevará a cabo por un precio simbólico.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos ha explicado que la reclasificación de la Sareb tras la decisión de Eurostat, así como su situación patrimonial, hacían "imprescindible" modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual, con el objetivo de "adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional". La aprobación del real decreto-ley permitirá que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.