"Ningún trabajador tiene que correr riesgo"
El Gobierno aprueba hoy un nuevo 'permiso climático' para faltar al trabajo hasta cuatro días ante una catástrofe
¿Por qué es importante? Este nuevo permiso, aprobado un mes después de la tragedia de la DANA, pretende blindar la ausencia del trabajo cuando haya riesgo para los desplazamientos por una emergencia.
El Ministerio de Trabajo lleva al Consejo de Ministros de este jueves un nuevo "permiso climático" hasta cuatro días por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo ante una catástrofe. Un permiso retribuido que será prorrogable hasta que desaparezcan las circunstancias. En caso de que fueran necesarios más días, las empresas podrían justificar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor.
Se trata de una modificación legislativa de los permisos contemplados en el Estatuto de los Trabajadores que el departamento de Yolanda Díaz ha desplegado tras la experiencia de la DANAque asoló Valencia hace un mes. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno ha reivindicado en declaraciones a 'TVE' que supone "regular de conformidad a la emergencia climática" por primera vez en la legislación laboral española, con "una serie de normas para que queden y formen parte de nuestro ordenamiento jurídico".
"En estos tiempos en los que las derechas están negando la emergencia climática, es una evidencia que la emergencia climática existe", ha incidido la titular de Trabajo, que ha aludido a las consecuencias del cambio climático para las labores al aire libre en verano y a la tragedia ocurrida en Valencia hace unas semanas.
"Vamos a dar certezas a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras, vamos a desenvolver unos permisos climáticos que van a ser de cuatro días", ha explicado Díaz, que ha aseverado que "ningún trabajador ni trabajadora tiene que correr ningún riesgo". A partir de esos cuatro días, ha detallado, las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un ERTE por fuerza mayor. "Por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos", ha celebrado.
Ante una alerta de cualquier administración
Según ha precisado Díaz, los trabajadores podrán acogerse a estos permisos climáticos cuando una autoridad, "la que fuere", indique que hay riesgo en los desplazamientos "o que no se puede ir a trabajar". Pasados los cuatro días iniciales de permiso, "completamente retribuidos, con sus cotizaciones", hay dos posibilidades: las empresas podrán seguir contribuyendo al pago del permiso o bien incorporar a los trabajadores a un ERTE.
"Si una autoridad de emergencias, de un Ayuntamiento, de una comunidad autónoma, del Gobierno del Estado, indica que hay riesgo. Si saltan las alarmas, ahí no se puede ir a trabajar y tendrán los trabajadores y las trabajadoras todos sus derechos cubiertos", ha insistido Díaz. La gran novedad, ha recalcado, es que esto "va a formar parte de la legislación y si hay algún incumplimiento, los trabajadores y las trabajadoras están protegidos".
Prevención de riesgos ante el cambio climático
Este 'permiso climático' es una de las propuestas normativas en materia laboral y de prevención de riesgos laborales relacionadas con el cambio climático y las catástrofes naturales desarrolladas por Trabajo, que incluyen también el que las personas trabajadoras tengan derecho a ser informadas de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes. A tal efecto, se modifican los derechos de información de los trabajadores, recogidos en el artículo 64 del Estatuto.
Por otra parte, será obligatorio para los convenios colectivos negociar protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos laborales frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Ante un riesgo grave e inminente, la empresa estará obligada a informar lo antes posible de los riesgos y medidas y a adoptar medidas y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro.
Según ha explicado Díaz en 'TVE', las empresas dispondrán de un plazo de 12 meses para desarrollar estos protocolos climáticos.
Por otra parte, Trabajo crea un nuevo "derecho verde" por el que los representantes legales de los trabajadores o los delegados de prevención podrán acordar la paralización de la actividad. Según el Ministerio, los trabajadores no podrán sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas y se da un año para aprobar un reglamento por decreto sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.
