El Consejo de Ministros aprueba este martes el Plan de Acción Democrática, también conocido como plan de regeneración, anunciado meses atrás por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pretende lograr más transparencia, independencia, pluralismo y protección de la democracia y que tiene como uno de sus ejes los medios de comunicación. Los socios del Gobierno, PSOE y Sumar, han estado cerrando los flecos del texto durante la noche de este lunes.

Sánchez prometió presentar este plan tras los cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril para decidir si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo ante la campaña de acoso que consideraba que existía contra él y su familia.

Meses más tarde, en julio pasado, presentó ante el pleno del Congreso las líneas generales de ese plan a la espera de negociar las medidas con todos los grupos parlamentarios (excepto Vox) en unas conversaciones que se sucedieron antes del paréntesis de agosto y que protagonizaron por parte del Gobierno de coalición el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun.

El plan, según han señalado fuentes del Gobierno a laSexta, "lo presentarán conjuntamente" los ministros Bolaños y Urtasun, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Asimismo, han detallado que es un paquete amplio de medidas y que consta de tres partes, una sola dedicada a los medios de comunicación. En líneas generales, este plan obligará a los medios a ser más transparentes en cuanto a su estructura y financiación y que propone la reforma de delitos que tienen que ver con la libertad de expresión como injurias, calumnias y derecho a la rectificación.

En este punto de injurias, el PSOE no ha querido aclarar si esto afectaría a la monarquía. Pero desde Sumar han asegurado a laSexta que, "a pesar de las reticencias iniciales de la parte socialista", han logrado "blindar la libertad de expresión". Han sostenido que han abordado "una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado".

La coalición, que ha afirmado que el texto incluye propuestas de los socios parlamentarios, ha sostenido que esto afectará "se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal".

El PP no apoyará la ley

Fue este lunes, en una reunión con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, cuando avanzó que sería aprobado por el Consejo este martes y expresó su confianza en que sea apoyado por el PP porque cree que no se entendería que votara en contra de iniciativas que ha apoyado en el Parlamento Europeo. Sin embargo, los 'populares' han dejado claro que no apoyarán el plan porque consideran que "es una cortina de humo que pretenden hacer ley", según han señalado fuentes de Génova a laSexta.

Los 'populares' afirman que "no van a contar con su apoyo para cualquier planteamiento basado en controlar a los medios para que no se pueda publicar información que incomode a Sánchez". Además, recuerdan que la propuesta surge cuando empezaron las informaciones sobre Begoña Gómez y "cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su Gobierno y su partido".

"Pedro Sánchez ya controla con dirigentes de obediencia debida la agencia EFE y RTVE, además de buena parte de las instituciones del Estado", han añadido estas fuentes. El PP sostiene que "ampliar el control a los medios de comunicación privados es preocupante y se asemeja más a lo que hacen países a los que este Gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras". Creen que "Sánchez no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de buen periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona".

Algunas líneas avanzadas por el Gobierno

A la espera de las medidas concretas que contendrá, Sánchez sí anunció en julio que incluiría la aprobación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto que conlleva la presentación de una Ley de Administración Pública abierta que amplíe y mejor la cantidad y la calidad de la información gubernamental.

Avanzó igualmente que el plan pretende defender la libertad e independencia de los medios de comunicación y puso como referencia de la actuación en ese ámbito el Reglamento Europeo de libertad de medios aprobado por la Eurocámara. Además, defendió fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, así como la actualización de la Ley de Publicidad Institucional.

En su presentación de las líneas generales del plan señaló que se trata de evitar que haya medios que tengan "más financiadores públicos que lectores" y partidos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes. Para garantizar la supervisión y cumplimiento de las medidas que pide Bruselas planteó ampliar las funciones y capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

De la misma forma, apostó por introducir cambios en las leyes del Derecho al Honor y Derecho de Rectificación, así como una reforma puntual de la conocida como ley mordaza en materia de libertad de expresión y que fue pactada con Sumar. Entre las medidas relativas al Parlamento, Sánchez se mostró partidario de endurecer las sanciones a los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y de actividades o que lo hacen con información falsa o incompleta.

Propuso asimismo una reforma de la ley electoral para hacer obligatorio que haya debates en las campañas y para que todas las encuestas publicadas incorporen todos los datos de su realización y la metodología de estimación de resultados.