El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos son muy antiguos, han prescrito o no han aportado pruebas suficientes. Se trata de una de las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en el mes de octubre sobre abusos en la Iglesia, a propuesta del Congreso de los Diputados.

"Queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales", ha asegurado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos', será dirigido por la Dirección General de Libertad Religiosa y estará vigente entre 2024 y 2027.

Según ha señalado Bolaños, el plan contiene cinco ejes de actuación: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar; y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje.

Asimismo, el Ejecutivo tiene previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares. "Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos", ha apuntado.

En todo caso, ha señalado que esa reparación simbólica "por sí misma no basta", por lo que irá acompañada con una reparación material "adecuada" y "suficiente" en términos económicos para las víctimas de los abusos.

Así, ha indicado que, con ese fin, se adoptarán las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, por ser casos muy antiguos, por estar prescritos o porque no existen pruebas. "Adoptaremos medidas para por ejemplo ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban", ha asegurado.

Bolaños también ha expuesto que el Gobierno quiere reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, en cuanto a las ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales en España.

Respecto al segundo eje, ha precisado que el Ejecutivo hará hincapié en la prestación de un trato "adecuado" y "óptimo" en las oficinas de detención a las víctimas del delito que el Ministerio de Justicia, de Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes tiene habilitadas. En este sentido, también tiene previsto generar "entornos seguros" con salas "amigables" para las declaraciones, para evitar que las víctimas puedan tener ningún contacto con su agresor. Asimismo, ha explicado que tienen previsto garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales que también quieran acceder a ella.

En cuanto al tercer eje, ha explicado que van a reforzar las labores de supervisión en las inspecciones educativas y que modificarán el Real Decreto de Inspección Educativa en España "para formar y dar mayores competencias a los inspectores educativos".

Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo va a formar una nueva figura en los centros docentes, los coordinadores de bienestar y de protección. Fue la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que entró en vigor en 2022, la que reguló esta nueva figura, por lo que debería estar implantada ya. En todo caso, Bolaños ha señalado que se comenzarán a impartir a partir del próximo curso académico cursos de formación "para poder formar adecuadamente los centros docentes".

También ha avanzado que el Ejecutivo tiene previsto realizar un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia, con el objetivo de conocer las causas donde se produce con mayor frecuencia, "para adoptar decisiones y políticas públicas que sean adecuadas a esta cuestión". Asimismo, ha indicado que van a mejorar todos los sistemas de obtención de datos para poder adoptar "mejores decisiones", con información que sea "actualizada" y que ayude.

Además, ha recalcado que el plan tiene que ver con las competencias de distintos departamentos ministeriales, por lo que se creará una comisión de diferentes ministerios para hacer el seguimiento. La vigencia de este plan es hasta el año 2027.

El Gobierno quiere hacerlo en colaboración con la Iglesia

"Nuestra idea es hacerlo de la mano con la Iglesia Católica. Ya hemos iniciado conversaciones, la semana pasada tuve ocasión de reunirme con el nuevo presidente de la Conferencia (Espiscopal) y me gustaría que el Gobierno pudiera trabajar con la Iglesia Católica en la reparación de estos abusos sexuales cometidos en su ámbito", ha subrayado Bolaños.

En este sentido, Bolaños ha indicado que nadie entendería que la Iglesia española no actuara como han actuado otros países como Irlanda, Francia, Bélgica o Estados Unidos. "Me parece que la Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar, es mi impresión, así me lo trasladaron. De hecho, me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y también me lo explicaron de esa manera", ha destacado.

Respecto a las compensaciones a las víctimas, Bolaños ha expuesto que las tiene que decidir un órgano independiente, en línea con lo que establece el Defensor del Pueblo. "Desde el Gobierno hemos iniciado esas conversaciones con la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica sufrague el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia", ha señalado.

En cuanto a la Iglesia, los obispos avanzaron en noviembre que estaban preparando un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos tanto si media sentencia judicial como si no hay por determinadas circunstancias como que el victimario haya fallecido.

Sin embargo, en cuanto a la colaboración con el plan de indemnizaciones del Gobierno, los prelados españoles señalaron que su colaboración estaba condicionada a que el plan afectara a toda víctima de pederastia y no solo a las de la Iglesia.