El Consejo de Ministros ha aprobado los anteproyectos de ley que crean los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, con los que el Gobierno prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente.

Ya como proyectos de ley, iniciarán ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que la llamada 'tasa Google' se dirige a las plataformas que trabajan de forma "privilegiada" y que proporcionan una "gran desventaja" a otros comercios o actividades que pagaban impuestos, con lo que se hace frente a la "competencia desleal".

Celaá ha destacado que España será el primer país de la UE que establece esta imposición para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital. El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, Celáa ha explicado que, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, se gravará el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

El nuevo impuesto se dirige por tanto a las plataformas que ponen en contacto el que ofrece servicio y lo adquiere, pero no al que genera el producto, ha matizado Celáa, quien ha apuntado que la liquidación será trimestral y que el Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, que busca también la "equidad" del sistema, según Celaá. La portavoz del Gobierno ha indicado que desde el año 2013 un total de 10 países de la UE trabajan sobre esta imposición, que se considera "conveniente" establecer a nivel nacional.

Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.

Por su parte el Partido Popular ha cuestionado la previsión de ingresos de los dos nuevos impuestos impulsados por el Gobierno. Así, su portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano ha señalado que estas tasas no entrarán, como mínimo, hasta el segundo semestre de año, por lo que a una previsión de recaudación "ya inflada", habría que descontar al menos la mitad de lo proyectado por el Ejecutivo.

Respecto a la 'tasa Tobin' a las transacciones financieras, el dirigente 'popular' ha alertado que el aumento de los costes hará que "los gestores de fondos se deslocalizarán e irán a otros países para evitar el coste adicional que les sitúa en desventaja frente a otros gestores radicados fuera de España". En todo caso, el PP lamenta que este impuesto vaya a afectar "a familias, clases medias y ahorradores", ya que las previsiones del sector, relata De Olano, sitúan en el 6% la caída de la rentabilidad de los fondos de pensiones privados.