En La Moncloa se sienten cómodos con el debate económico y creen que eso puede determinar el curso del 'superaño' electoral que va a ser 2023, con comicios municipales y autonómicos en mayo y elecciones generales previstas a finales del año.
Y lo hacen porque, pese a los pronósticos más agoreros, España ha superado mejor de lo previsto los últimos coletazos de la pandemia de COVID-19 y los efectos devastadores de la invasión rusa en Ucrania, de la que están a punto de cumplirse once meses.
Así, no solo la inflación, el dato que más pendiente tiene a los españoles por su impacto directo en la cesta de la compra, se ha recortado casi a la mitad desde su pico en verano -ahora está en el 5,8%, según la cifra provisional-, sino que el empleo está en sus máximos y la economía, a pesar del frenazo, creció en torno al 5% el año pasado.
Además, los datos económicos, buenos, siguen teniendo también su cruz: la inflación baja pero los alimentos están disparados por encima del 15%, el crecimiento del PIB está frenándose y elempleo también muestra signos de estar frenándose.
Tras una legislatura marcada por los sobresaltos -la pandemia, el volcán de La Palma, la guerra en Ucrania...-, el Gobierno echa el freno a la producción legislativa tras aprobar casi 200 leyes para afrontar el año electoral vendiendo el discurso económico y de protección social. Sin embargo, lo hace con dos grandes debes: la ley de Vivienda, aprobada el año pasado en el Consejo de Ministros pero varada en el Congreso, y la reforma de la ley mordaza, un compromiso de legislatura que aún no ha salido adelante.
Con todo, la presidencia española del Consejo Europeo en la segunda mitad del año y la posibilidad de seguir marcando la línea a seguir en materia energética en Bruselas, como ha ocurrido durante toda la crisis de la pandemia y de la invasión rusa, serán también argumentos de peso para vender la gestión del Gobierno de coalición frente al catastrofismo que prevén los populares.
Mientras, en Génova ya preparan la estrategia para hacer frente a este año electoral y lo hacen con dos nombres de la última etapa de la dirección de Mariano Rajoy. La sorpresa fue el nombramiento ayer de Borja Sémper, exdiputado vasco popular, como nuevo portavoz del comité electoral de la formación, tres años después de abandonar la política por discrepancias con la línea dura de la entonces portavoz Cayetana Álvarez de Toledo. Durante el fin de semana ya trascendió que el exministro de Fomento Íñigo de la Serna volvía a la política activa para diseñar el programa marco para los comicios de mayo.
Estos dos perfiles buscan acentuar el perfil moderado del actual líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que no encuentra un discurso propio tras casi un año a los mandos del PP. La ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el recurso que paralizó la reforma judicial marcan el historial de un presidente llamado a llegar a consensos con el PSOE.