El Gobierno de Canarias defenderá a partir de ahora que los menores migrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad.
Al dar a conocer esta decisión, el presidente, Fernando Clavijo (CC), ha precisado que ello no significa que Canarias se desentienda de los menores en esta crisis humanitaria, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de "auxiliar" al Estado en su competencia. Clavijo ya había anunciado por la mañana que el fin de semana ocurrieron cosas en El Hierro que "han marcado un antes y un después".
Tras la reunión del Pacto Migratorio, lo ha explicado: la Policía denunció ante la Fiscalía las reticencias de una ONG a acoger a media docena de menores porque no le quedaban plazas ni espacio físico tras la acumulación de llegadas en la isla y el Ministerio Público envió un requerimiento legal a su Gobierno.
Llegados a ese punto, ha añadido, el Ejecutivo canario considera que no se están cumpliendo los protocolos, que no prevén que la Policía pueda remitir a los menores directamente a las ONG que gestionan los centros de acogida autonómicos, y que le corresponde tomar medidas para proteger a los trabajadores de esas entidades legales y de la comunidad autónoma de posibles riesgos legales.