En busca de consensos

El Gobierno descarta drásticamente un adelanto electoral y confía en su "proyecto" para estabilizar la legislatura

"Vamos a seguir gobernando"La vicepresidenta Montero expresa con claridad y firmeza que el mandato de la coalición aún no ha acabado. No obstante, el acercamiento entre el PP y Junts complica cada vez más un escenario político que se prevé turbulento en 2025.

María Jesús Montero, en un acto de los socialistas en SevillaMaría Jesús Montero, en un acto de los socialistas en SevillaAgencia EFE

El 'no' del PP -con Vox y Junts de la mano- al decreto 'Ómnibus' en el Congreso ha supuesto un serio varapalo para el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. No obstante, desde el Ejecutivo siguen confiando en su capacidad negociadora para volver a acercarse a la formación independentista y sacar adelante la legislatura. Así las cosas, incluso descartan de forma drástica un adelanto electoral, tal y como están reclamando las derechas parlamentarias.

"Vamos a seguir gobernando, tenemos capacidad de buscar consensos porque tenemos proyecto", ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto del PSOE celebrado en la mañana de este sábado en Sevilla. Es lo que querría el Partido Popular, al que los socialistas acusan de querer echarles de La Moncloa a cualquier precio, incluso con denuncias falsas.

"Su única prioridad es querer echar a los 'rojos' del Gobierno. Prefieren una España rota antes que roja", no ha dudado en decir, esta vez desde un evento socialista en Tenerife, la portavoz del partido, Esther Peña. Lo cierto es que ahora mismo, si hay algo que parece estar claro es que, para los populares -y para otras formaciones del arco parlamentario ligadas a su derecha- , la continuidad de la legislatura de la coalición liderada por Pedro Sánchez es inviable.

Según la secretaria general de la formación popular, Cuca Gamarra, lo único que "preocupa a Sánchez es su agenda judicial. En eso es en lo que está, en permanecer en el poder y en resolver sus problemas judiciales". Por ello, insisten en presentarse como un "muro de contención" frente a lo que siguen denominando como 'sanchismo'. Esta vez, en boca del vicesecretario popular, Elías Bendodo, quien ha aseverado que esta situación hace "daño al conjunto de los ciudadanos".

Mientras tanto, los socialistas valencianos se muestran preocupados por que Vox vaya a dirigir la Comisión de Investigación de los estragos provocados por la DANA que arrasó parte de península el pasado mes de noviembre. Una dirección lograda gracias al PP del presidente de la comunidad, Carlos Mazón, que no ha presentado candidato, lo que viene a confirmar en cierta manera la existencia de un acuerdo entre la derecha y la ultraderecha para esta concesión.

"Son negacionistas de la ciencia y negacionistas del cambio climático", ha denunciado la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana morant, durante su intervención en un acto de la formación en Vinarós. Temen que, precisamente por ese nuevo acercamiento entre las derechas, acabe convirtiendo el resultado de esta comisión, que arranca este lunes, en una investigación truncada. Se sigue dando así un enfrentamiento constante entre los dos principales partidos de España, en máxima tensión desde hace un tiempo.

Un encarecimiento constante

Un enfrentamiento que ha llevado al bloqueo de medidas que se antojan cruciales para el futuro más inmediato del país. El decreto 'ómnibus' incluía numerosas medidas de carácter social de las que, a día de hoy, dependen millones de personas que siguen perdiendo apoyo político mientras se encarece la vida más y más. Eso sin tener en cuenta las circunstancias excepcionales que han vivido distintas regiones de España en los últimos tiempos.

Además de las ayudas para personas afectadas por la DANA, con la caída de este decreto se ven afectadas las ayudas para La Palma, a la eficiencia energética o al propio endeudamiento de la Comunitat Valenciana para hacer frente a los estragos del temporal. Del mismo modo, no seguirán activas las bonificaciones para impulsar la compra de coches eléctricos y las rebajas del IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética.

En los términos estrictamente sociales, con el 'no' al decreto queda desactivado el escudo con el que estaba previsto mantener, a lo largo de todo el 2025, la prohibición de desahucios de familias vulnerables y el corte de suministros básicos: agua, luz y gas. Asimismo, sufre el Salario Mínimo Interprofesional, que cae hasta la cifra marcada en 2023: 1.080 euros al mes en 14 pagas. Un salario que se mantendrá, previsiblemente, hasta que se pacte una nueva actualización para este año.

Tampoco hay que olvidar el fin de la prórroga de la gratuidad y los descuentos al transporte público, lo que supone que abonos de tren y autobús vuelvan a las tarifas de 2019, con el añadido de que no se podrán adquirir más abonos gratuitoso con descuentos.