El Gobierno ha anunciado que está "estudiando el contenido" de las iniciativas aprobadaseste jueves en el Parlament de Cataluña"para impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones". El Parlament ha aprobado una resolución en la que reivindica la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" para defender "derechos civiles, políticos y sociales" y ha revivido escenas de tensión tras la prisión decretada para siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).
En un comunicado, Moncloa advierte de que estudia ya todos los acuerdos aprobados por la cámara catalana para impugnarlos. El Parlament ha aprobado una resolución de la CUP -que ha recabado el apoyo de JxCat y ERC, el voto en contra de PSC, comunes y PPC, mientras que los diputados de Ciudadanos no han votado- que reivindica el 1-O como un "referéndum legítimo y legal".
La iniciativa, además, subraya la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados". El texto invoca resoluciones soberanistas previas que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional, lo que ha motivado las advertencias de los letrados.
Con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, el Parlament ha aprobado también una resolución en la que se pide la "retirada" de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña, así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Y en otra resolución impulsada por los independentistas, se plantea una respuesta institucional a la sentencia del 'procés' que pase por el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y por reclamar una "amnistía" si hay condenas.
En su comunicado, el Gobierno cita todas estas resoluciones para advertir de que ya se están estudiando para actuar contra ellas. Habla en concreto de "impugnar y actuar jurídicamente" contra estos textos que los independentistas han sacado adelante en el Parlament en esta jornada en la que se han vivido escenas de tensión entre los diputados tras conocerse el ingreso en prisión de siete miembros de los Comités de Defensa de la República(CDR).