Sesión de alto voltaje
El Gobierno insta a Junts y PP a salvar su decreto ómnibus: "Es difícil estar en contra del SMI, las pensiones o las ayudas a la DANA"
Lo que se sabe Mientras los socialistas se muestran convencidos de que sacarán adelante el también conocido como escudo social, el sentido de voto de los de Puigdemont y Feijóo está todavía en el aire. Nogueras evita pronunciarse, mientras Bravo lo tacha de "invención".
El Gobierno de Pedro Sánchez arranca el año parlamentario con una prueba de fuego en la que vuelve a medir su capacidad de negociación con sus socios este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. Una sesión en la que se someten a votación tres decretos económicos cuya salida adelante depende, de nuevo, del 'sí' de Junts per Catalunya, pero también de la abstención de los 'populares'. Formación liderada por Carles Puigdemont de la que también dependen unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Las amenazas lanzadas desde los neoconvergentes han sido continuas, aunque en los últimos tiempos se han acuciado con la suspensión de las negociaciones sectoriales con los socialistas. A espera de conocer lo que suceda durante la jornada en la Cámara Alta, fuentes cercanas de Junts apuntaban a laSexta a última hora de la tarde de este martes que el decreto ómnibus, o también conocido como escudo social, no contaría con el apoyo de los de Puigdemon, quien en su última rueda de prensa dijo que "si hay que convalidar decretos" no les "busquen". Ya este martes, la respuesta sobre su sentido de voto es el silencio.
Si bien desde el Gobierno confían en que "no decaiga" este paquete de medidas entre las que se incluyen cuestiones como la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, ayudas a los afectados por la DANA o la prohibición de cortes de suministros básicos a personas vulnerables. Aunque éstas ya están en vigor desde el pasado 23 de diciembre, el Congreso tiene que decidir si los convalida o los deroga antes de que transcurran treinta días desde su promulgación, tal como establece la Constitución.
Asimismo, estas fuentes de Moncloa sostienen ante laSexta horas antes de iniciarse el pleno que "se está hablando con todos", incluidos Junts, pero también el Partido Popular (PP). Un extremo que ha desmentido la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Si bien desde el Ejecutivo insisten en que el único motivo para tumbar este decreto sería "por darse el gusto", al considerar que "van muchos temas importantes". Una línea que también ha mantenido el vocal parlamentario del PNV, Aitor Esteban, quien ha lamentado que "hay discrepancias de algunos partido que no tienen que ver".
Incluso, a primera hora de este miércoles fuentes socialistas se mostraban convencidas de que el PP no se atreverá a bloquear la revalorización de las pensiones, aunque con la intervención del vocal económico del PP las opciones disminuyen: "No vamos esta invención", ha dicho. Mientras tanto, tal y como se señalaba unas líneas más arriba, la respuesta de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, preguntado por su sentido de voto ha sido el silencio. El escenario para el Gobierno, al menos con este decreto, empieza a pasar de azul oscuro a negro.
Eso sí, tanto su portavoz parlamentario, Patxi López, como otros miembros del ala socialista del Gobierno han insistido que de negarse Junts o PP a estas medidas "tendrán que explicar por qué quieren bajar el salario mínimo o están en contra de las ayudas a la DANA y al transporte público". Por ejemplo, el ministro Óscar López ha asegurado en una entrevista televisada que "es difícil" oponerse a estas medidas.
La caída del impuesto a las energéticas
Respecto al decreto que busca prorrogar el gravamen a las energéticas, el cual defenderá la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y ahora también líder socialista del PSOE andaluz, María Jesús Montero, no hay duda de que contará con el voto en contra de Junts y PNV, además del 'no' de la bancada 'popular' y la de Vox. Si bien esta situación no ha evitado el enfado de Podemos, que llegó a un acuerdo con el Gobierno para que lo aprobara a cambio de apoyar su reforma fiscal.
No obstante, esta tasa ya se aplicaba el año pasado, aunque quedó derogada con la entrada en vigor, precisamente, de la reforma fiscal ya que incluía una disposición a instancias del PP y apoyada por Vox, PNV y Junts para dejar sin efecto el gravamen que se aplicaba en 2024. Con ese escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió aprobar una nueva vía decreto en el último Consejo de Ministros del año para el ejercicio de 2025, tal como prometió a ERC, Bildu y BNG.
El PP, a favor de pensiones y empleo
En cuanto al tercer decreto, el referido a la reforma de las pensiones que contempla la compaginación de la prestación con el empleo, es apoyado por el principal grupo de la oposición -el PP-, pero no por los socios parlamentarios del Ejecutivo. En concreto, son Bildu, Podemos y BNG quienes ya han adelantado su sentido de voto respecto a esta norma al alegar que en la práctica supone alargar más la edad de jubilación e incluye recortes.
Por su parte, fue el propio líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, quien avanzó el apoyo de su formación a este decreto, que mejora la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada y conforma la última parte de la reforma de pensiones que comenzó en la legislatura pasada el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. "Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, (...) que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese real decreto ley", indicó Feijóo el pasado martes.
El suplicatorio de Ábalos
El pleno del Congreso también votará en esta sesión extraordinaria el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al exministro y exsecretario general del PSOE José Luis Ábalos por el 'caso Koldo'. Al término de la sesión plenaria se reunirá la Diputación Permanente, donde se debatirán las peticiones de comparecencia de varios ministros solicitadas por el PP.
Aunque la Comisión del estatuto del Diputado, a puerta cerrada, ya apoyó la semana pasada por unanimidad conceder el suplicatorio que había pedido el Alto Tribunal, la decisión debe ser votada en el Pleno del Congreso. Si bien el reglamento dice que el dictamen debe votarse en el siguiente Pleno "ordinario", que no tendrá lugar hasta que arranque en febrero el nuevo periodo de sesiones, fuentes parlamentarias aseguran que los servicios jurídicos de la Cámara han interpretado que esa redacción busca no demorar la votación y, por tanto, no había inconveniente para evitar esperar a febrero.