Junts, PP y Vox bloquean la subida de las pensiones y las ayudas al transporte y a los afectados de la DANA

El Gobierno de Pedro Sánchez arrancaba el año parlamentario con una prueba de fuego en la que volvía a medir su capacidad de negociación con sus socios en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. Una sesión en la que se someten a votación tres decretos económicos cuya salida adelante dependía, de nuevo, del 'sí' de Junts per Catalunya, pero también de la abstención de los 'populares'. Tras la votación, el Ejecutivo se apunta otras dos derrotas, aunque consigue salvar la reforma de las pensiones, que no su subida. El cabreo en Moncloa es monumental.

Con su no al decreto 'ómnibus', PP y Junts provocan una derrota parlamentaria del Gobierno que va a castigar a millones de españoles, incluidos pensionistas, usuarios del transporte público y afectados por la catastrófica DANA. Desde el PP, su portavoz económico, Juan Bravo, argumentan que ellos no van "a respaldar un proyecto de recortes y de chantaje": "Si ustedes tienen una mayoría progresista, sométanse a una cuestión de confianza", ha clamado a la bancada socialista.

Junts se sirve del mismo argumento. Su portavoz en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, ha llegado, incluso a acusar al Gobierno de "trilero": "Mientras ustedes no cumplan, no cuenten con Junts". Palabras a las que ha añadido que su formación ha "actuado con lealtad a Cataluña". De hecho, no respaldar estas medidas ya había sido adelantado por Puigdemont, aunque de forma velada. En su última rueda de prensa, se dirigió al Ejecutivo asegurando que "si hay que convalidar decretos" no "busquen" a los suyos.

Ahora, el Gobierno los señala como culpables de tirar al traste el paquete de medidas sociales que ayudaría a "los doce millones de pensionistas y los usuarios del transporte público", a quienes les pide "que se acuerden de que ha sido el PP en compañía de otros" quienes han evitado este escudo social. Ya a primera hora de la mañana, cuando la confianza era en que no iba a caer, aseguraban que de hacerlo el único motivo para hacerlo era "por darse el gusto", al considerar que en él se contemplaban "muchos temas importantes".

Una línea que también mantenía el vocal parlamentario del PNV, Aitor Esteban, quien ha lamentado que "hay discrepancias de algunos partidos que no tienen que ver". Unas palabras que previsiblemente se refieren al enfrentamiento entre su formación y el PP a raíz de la cesión del palacete sede del Instituto Cervantes en París a la formación nacionalista vasca, y cuya aprobación también se incluía en el decreto ómnibus, junto a la subida de las pensiones y las ayudas a la movilidad.

Precisamente, tanto Nogueras como los 'populares' han instado al Ejecutivo a presentar un decreto con únicamente la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público. Aunque, el PP ya ha confirmado haber registrado su propio "proyecto de ley para actualizar las pensiones, el ingreso mínimo vital", y así recuperar "lo que realmente importa". De hecho, insisten en que "nadie en las Cortes votó en contra de revalorizar las pensiones".

Unas palabras que 'responden' a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y ahora también líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero. A su salida del hemiciclo, visiblemente cabreada, ha asegurado que este rechaza corresponde a un intento para que "el Gobierno pierda una votación cuando quien pierde son los pensionistas y los trabajadores". También, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que los damnificados de estas derrotas son los ciudadanos: "Cuando el PP tiene que elegir entre ganar derechos y causar daño, elige causar daño".

García-Page: "Es humillante tener que ir semiarrastrados a Suiza"

Los reproches a Junts también han llegado desde los socios del Gobierno en el Congreso como ERC. Su portavoz, Gabriel Rufián ha valorado que los neoconvergentes -"por vergüenza suya"- "siempre serán la derecha reaccionaria que esconde sus miserias bajo la bandera, por más bonita y 'estelada' que sea". Mientras que el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lamenta que Sánchez dependa de Puigdemont, tanto que considera que su relación es "un trágala permanente que no se merece el país".

"Bastante tiene de humillante tener que ir semiarrastrados a Suiza. Muchos no aceptamos que la Moncloa sea un edificio de alquiler. Está determinando en España alguien que se quiere cargar España, esto lo pueden poner como quieran", ha valorado desde Madrid.

García-Page: "Es humillante tener que ir semiarrastrados a Suiza"

En definitiva, las amenazas lanzadas desde los neoconvergentes que han sido continuas y que en los últimos tiempos se han acuciado con la suspensión de las negociaciones sectoriales con los socialistas, se han convertido en una realidad. A pesar de que en un principio se desconocía el sentido de voto de los de Puigdemont, al mediodía y a pocas horas de que se celebrara, la votación se ha confirmado su negativa al escudo social. Primero ha sido unos de sus diputados quien lo ha confirmado a laSexta, y después ha sido la misma Nogueras, quien ha reafirmado la decisión de su grupo.

La caída del impuesto a las energéticas

Respecto al decreto que buscaba prorrogar el gravamen a las energéticas, el cual ha defendido Montero no había duda de que contaría con el voto en contra de Junts y PNV, además del 'no' de la bancada 'popular' y la de Vox. Si bien esta situación no ha evitado el enfado de Podemos, que llegó a un acuerdo con el Gobierno para que lo aprobara a cambio de apoyar su reforma fiscal.

No obstante, esta tasa ya se aplicaba el año pasado, aunque quedó derogada con la entrada en vigor, precisamente, de la reforma fiscal ya que incluía una disposición a instancias del PP y apoyada por Vox, PNV y Junts para dejar sin efecto el gravamen que se aplicaba en 2024. Con ese escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió aprobar una nueva vía decreto en el último Consejo de Ministros del año para el ejercicio de 2025, tal como prometió a ERC, Bildu y BNG. En definitiva, otra derrota para Sánchez.

El PP, a favor de pensiones y empleo

En cuanto al tercer decreto, el referido a la reforma de las pensiones que contempla la compaginación de la prestación con el empleo, sí que es apoyado por el principal grupo de la oposición -el PP-, pero no por los socios parlamentarios del Ejecutivo. En concreto, son Bildu, Podemos y BNG quienes ya han adelantado su sentido de voto respecto a esta norma al alegar que en la práctica supone alargar más la edad de jubilación e incluye recortes. Aún así, ha salido adelante con más de 200 votos a favor.

Por su parte, fue el propio líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, quien avanzó el apoyo de su formación a este decreto, que mejora la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada y conforma la última parte de la reforma de pensiones que comenzó en la legislatura pasada el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. "Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, (...) que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese real decreto ley", indicó Feijóo el pasado martes.

El suplicatorio de Ábalos

El pleno del Congreso también ha aprobado en esta sesión extraordinaria el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al exministro y exsecretario general del PSOE José Luis Ábalos por el 'caso Koldo'. Una vez finalizada esta sesión plenaria extraordinaria que se salda con dos derrotas de tres para Sánchez, los diputados han permanecido en el interior del hemiciclo para votarlo a puerta cerrada. La Cámara Baja ha dado así vía libre al Alto Tribunal para investigar al ahora diputado del Grupo Mixto.

Aunque la Comisión del estatuto del Diputado ya apoyó la semana pasada por unanimidad conceder el suplicatorio que había pedido el Alto Tribunal, la decisión tenía que ser votada en el Pleno del Congreso. Si bien el reglamento dice que el dictamen debe votarse en el siguiente Pleno "ordinario", que no tendrá lugar hasta que arranque en febrero el nuevo periodo de sesiones, los servicios jurídicos de la Cámara han interpretado que esa redacción busca no demorar la votación y, por tanto, no había inconveniente para evitar esperar a febrero.