La Moncloa sale al paso del debate fiscal que ha puesto el PP sobre la mesa. Ni en el Gobierno ni en el PSOE se achantan frente a la ofensiva tributaria de las comunidades gobernadas por el PP, que aprueban rebajas fiscales que benefician a las rentas altas, y en Hacienda ya han avanzado la puesta en marcha de un impuesto a las rentas altas, en concreto al 1% que más ingresa, de cara a los presupuestos del año que viene.
La titular de Hacienda, María Jesús Montero, que ya criticó ayer en los pasillos del Congreso el "dumping fiscal" de las autonomías gobernadas por el PP, ha marcado la senda a seguir tras la aprobación de los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las compañías energéticas: el tributo a las grandes fortunas que Unidas Podemos lleva reclamando desde el inicio de la legislatura. Un asunto en el que la ministra ha confirmado que "están trabajando" y que será un gravamen "temporal", al igual que los mencionados anteriormente, de cara a 2023.
La ministra ha confirmado en Al Rojo Vivo que esta idea no es nueva, sino que su departamento lleva "semanas trabajando de forma silenciosa" en este gravamen, con una vigencia estimada de dos años aunque dependerá del conflicto en Ucrania, y que se aplicará al 1% de contribuyentes que más ingresan. Montero ha calificado de "esfuerzo temporal adicional" este impuesto, con el objetivo de financiar ayudas a las clases media y trabajadora, quienes "proporcionalmente más contribuyen con sus impuestos" al pago de las medidas anticrisis.
Montero ha avanzado que "estará vinculado a la entrada en vigor" de las Cuentas, aunque no ha confirmado que vaya a ir incluido en el proyecto que presente al Congreso.
"El reparto justo de la carga por las consecuencias de la guerra lleva a exigir más a los que más tienen", ha justificado en las últimas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas en Nueva York, donde se encuentra con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Una reforma fiscal aplazada
La coalición acordó una reforma fiscal para la investidura de Pedro Sánchez pero la pandemia, el volcán, la guerra en Ucrania y todo lo acontecido en los últimos años han retrasado la apertura de este melón. Se encargó un informe a un grupo de sabios al respecto, pero a un año de las próximas elecciones generales no parece viable una vuelta de calado al sistema tributario.
Sin embargo, en el Ejecutivo creen que el debate abierto por el PP, con el aval de su líder Alberto Núñez Feijóo -presentó a Juanma Moreno en el acto donde anunció la supresión del impuesto de patrimonio-, beneficia a la coalición y apuntala su estrategia de que gobiernan para la mayoría, en tanto que los conservadores están con las élites, informa Esther Redondo.
Una batalla, la del ámbito fiscal, en la que ambos socios están de acuerdo. "A mí me da igual que hablemos del impuesto de patrimonio o que le llamemos de otra manera. No nos obsesionemos con la figura específica. Entendamos el fondo y el fondo es que tienen que pagar más quienes más tienen", sostuvo el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, en una entrevista en El Objetivo.
En este sentido, la responsable de Hacienda ha sido tajante en Al Rojo Vivo: "No tiene sentido que haya comunidades autónomas que piden 1.400 millones de euros al Gobierno de España mientras, en el marco de sus competencias, bajan impuestos al 0,2% de los contribuyentes.
La trascendencia del impuesto de patrimonio es muy pequeña en términos de recaudación, unos 1.200 millones frente a los más de 200.000 millones que ingresa Hacienda por IRPF, pero muy grande en su variante redistributiva. Se imputa a los declarantes de más de 700.000 euros en patrimonio, eximiendo hasta 300.000 euros de la vivienda habitual, y busca solventar las carencias del impuesto de la renta en sus tramos más altos.
"En España en esto estamos retrocediendo muchos años porque los gobiernos están poniendo bajadas de impuestos sistemáticamente a los tramos de la renta más alta y eso significa menos dinero para sanidad y educación pública", ha asegurado el ministro de Unidas Podemos.
Una opción del Gobierno: modificar el IRPF
La bonificación del impuesto de patrimonio supone para la coalición, junto a la deflactación del IRPF -que beneficia a las rentas más altas, según denunció el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha-, mayores beneficios para quienes más tienen. Un discurso precisamente en la línea del marcado por La Moncloa tras el varapalo en las elecciones andaluzas del pasado junio: que el PP gobierna para las mayorías, entre los que se encuentran la banca, las eléctricas y ahora las grandes fortunas.
Esta madrugada, en Nueva York, Sánchez ha incidido en ese discurso durante un homenaje a Salvador Allende, el presidente chileno asesinado en un golpe de Estado hace medio siglo, donde, junto al actual mandatario Gabriel Boric, ha hecho un paralelismo entre la actualidad y su época. Según Sánchez, existen todavía, como entonces, "organizaciones globales ajenas a todo control (que) siguen condicionando debates y marcando el devenir de mercados que funcional de forma ineficiente", y ello es "corrosivo para la democracia: sospechar que la ciudadanía elige cada cuatro años a quien gobierna, pero no a quien realmente manda".
Las opciones para que este impuesto llegue a tiempo para los Presupuestos Generales del Estado de 2023 son limitadas. La nueva figura tributaria debería estar aprobada antes de la tramitación parlamentaria de las Cuentas, algo que por plazos parece inviable. De hecho, ya se optó por que los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos presentaran una propuesta de ley para tramitar ambos tributos, ya que, de haberlo hecho el Gobierno con un proyecto de ley, los informes preceptivos habrían retrasado su puesta en marcha. Otra opción sería modificar el IRPF, por ejemplo en sus tramos más altos, para gravar más a quienes más tienen.
Rechazo de la patronal y apoyo de la izquierda
Tras el anuncio de Montero, el líder de la patronal, Antonio Garamendi, ha tachado el impuesto a los ricos de "un error y una equivocación". "El impuesto de patrimonio realmente solo está en España, por lo tanto, nosotros lo consideramos un error", ha agregado.
En idénticos términos se ha expresado el vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido, que ha defendido que "la política adecuada para la situación que estamos viviendo es la contraria, reducir la presión fiscal para de esa manera fomentar una mayor actividad económica y, al final, mayor riqueza y empleo para el conjunto de los ciudadanos".
Mejor acogida ha tenido la propuesta entre los partidos de izquierda: la vicepresidenta Yolanda Díaz ha incidido en que este es uno de los objetivos que ha venido defendiendo Unidas Podemos y ha detallado que la formación morada está negociando con Hacienda
Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha apuntado que primero quiere ver la letra pequeña. "Me fío de la palabra de la ministra, pero lo queremos ver", ha indicado, en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso. "Es una propuesta que llevamos tiempo diciéndoles que es necesaria", ha reivindicado Errejón, que ha incidido en que las grandes fortunas "reciben muchas ayudas públicas" y "es lógico" que contribuyan. "Lo queremos ver llegar aquí, cuando llegue lo apoyaremos", ha avanzado.
Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dado "la bienvenida" a la propuesta: "Es una de nuestras principales reclamaciones desde siempre", ha apuntado, reclamando a su vez "que no sea coyuntural, sino estructural" y "sea algo perenne en el tiempo". "Este país necesita un régimen fiscal que grave a las rentas más altas y no se fomenten paraísos fiscales de facto como lo que tiene Ayuso en Madrid y está empezando a tener el PP en Andalucía", ha aseverado.
