Anuncio del ministro Torres
El Gobierno llevará al Constitucional la enmienda de Ayuso para evitar que la Real Casa de Correos sea lugar de Memoria
El contexto El ministro Torres ha anunciado que elevará al Consejo de Ministros y después al Tribunal Constitucional la enmienda de Ayuso para evitar que haya una placa de Memoria Democrática en la Real Casa de Correos.

Isabel Díaz Ayuso sigue empeñada en no querer recordar que la ahora Real Casa de Correos fue en el pasado un centro de detención y torturas del franquismo. Un empeño que le va a hacer que esta decisión sea elevada al Tribunal Constitucional, tal y como ha asegurado el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Todo comenzó a finales del año pasado, cuando el Gobierno anunció que tenía intención de convertir el edificio en un lugar de Memoria Democrática porque en la época franquista fue la ubicación donde se practicó la represión, la tortura e incluso murieron personas contrarias a la dictadura.
Entonces, Ayuso se negó a colocar la placa de memoria histórica en la Real Casa de Correos, donde actualmente está la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A través de una enmienda, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo imposibilitó y cualquier decisión sobre el edificio, incluida poner una placa, tendrá que pasar por su autorización.
Y, este miércoles, Ayuso explicaba al ministro Torres mediante una carta que su negación se debe a que el Gobierno está invadiendo sus competencias con la petición y que todo se trata de un "sinsentido o una clara intención manipuladora e ideológica".
En respuesta, Ángel Víctor Torres ha señalado que no hay incompatibilidad entre cumplir con la Ley de Memoria Democrática y añadir una placa conmemorativa con la actividad propia de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que elevará la problemática al Consejo de Ministros para más tarde llevar el caso al Tribunal Constitucional.